El País: Perder la vivienda por un préstamo usurario

Publicado en El País, 13.07.2015

La buena suerte de Ernesto Soriano se acabó convirtiendo en un cúmulo de infortunios. En 2007, el Instituto de la Vivienda de Madrid le adjudicó un piso un 40% más barato de lo que costaba en el mercado. Soriano, de 22 años, vivía con su abuela, de 72. Ambos acudieron al Banco Santander para pedir una hipoteca con la que poder pagar los 19.000 euros de entrada, pero la entidad se lo denegó a los dos. 

Su abuela vio entonces un anuncio de Punto Financiero, una empresa de préstamos que se ofrecía a darles el dinero que podrían devolver en pequeñas cuotas. Para abonarles el préstamo les pidieron las escrituras del piso que poseía la mujer. 

En la notaría, abuela y nieto recibieron un sobre con los 19.000 euros. También estaba presente el prestamista César Ibáñez. Pero la cantidad que firmaron haber recibido era mucho mayor: 37.000 euros y, además, con un recargo del 30% de intereses anuales por retraso en el pago. 

Con los reveses de la crisis y abrumados por deudas que no podían pagar, miles de familias picaron en el anzuelo. En televisión, en Internet, los anuncios de dinero fácil y rápido les llevaron directamente a determinados prestamistas. A veces eran incluso los mismos bancos que les cerraban el grifo los que les hablaban de las empresas de “capital privado” que podrían prestarles para salir del apuro. 

Al principio los prestamistas les tranquilizaban y ofrecían una cantidad hasta que consiguieran “una hipoteca en un banco de primer orden”, con la que poder saldar todas las deudas y quedarse con una cuota mensual asumible. Pero una cosa es lo que les decían verbalmente y otra lo que firmaban en la notaría. 

La firma ante notario de la escritura y letras de cambio hacía que no sospecharan nada y que creyeran que lo prometido verbalmente era lo que figuraba en los numerosos folios, de difícil comprensión, que firmaban también sin consultar con nadie, y siempre presionados para que lo hicieran rápido con diferentes excusas. Lo habitual es que firmaran, sin darse cuenta, que habían recibido una cantidad mucho mayor que la que realmente les daban. Esa era la comisión que se llevaban el prestamista o los intermediarios. 

El préstamo que recibieron Ernesto Soriano y su abuela acabó convirtiéndose en una losa. Cuando quisieron darse cuenta, la situación pasó a ser angustiosa porque no podían afrontar el pago de las cuotas. “Un día llegó la empleada de Punto Financiero con un empleado de Bancaja para que firmase un crédito de 85.000 euros a riesgo de perder la vivienda. Me comprometí a pagar 450 euros al mes hasta 2038. En 2011 me quedé sin trabajo y no podía pagar. Le iban a quitar la casa a mi abuela y tuve que refinanciarlo con Bankia (que había absorbido a Bancaja). Hasta 2060 tengo que pagar 261 euros al mes cuando ya llevo devueltos más de 40.000 euros. En resumen, recibí 19.000 euros pero estoy pagando un crédito de 85.000 euros que no he visto en mi vida. Pagar esa cuota supone, entre otras cosas, que no puedo tener hijos porque no podría mantenerlos”. 

Todo eso sigue ocurriendo. Los prestamistas hacen dos cosas. Por un lado pedirles como garantía algún inmueble, habitualmente su vivienda o la de sus padres, y, después, darles un préstamo a un tipo de interés tan desorbitado, sobre todo en caso de que se retrasen en la fecha de pago, y por un periodo de tiempo tan corto, que se aseguran de que nunca lo podrán pagar. 

En el despacho de los mismos notarios van, una tras otra, víctimas que en ocasiones solo necesitan una pequeña cantidad, como en el caso de Ernesto Soriano. Él, de momento, no ha perdido la vivienda pero otros muchos sí, y en algún caso por un préstamo de solo 10.000 euros. 

En España, el de determinados prestamistas es un enriquecimiento rápido, a la vista de todos y con toda impunidad. Se puede ver en los medios de comunicación y lo vive a diario el abogado del bufete Alberche, Carlos J. Galán, que colabora, entre otras, con la Asociación Stop Estafadores que preside Juan Puche. 

Tenazmente, desde su blog en Internet, Puche denuncia a un prestamista muy conocido que acumula inmueble tras inmueble —detecta unos 4.000 registrados en su entorno— a cambio de prestar pequeñas cantidades. 

“¿Por qué si son tramas organizadas no prosperan las denuncias en la vía penal?”, se pregunta otro afectado, Antonio Garrido, que vive con la angustia de que su madre pierda la casa. “Es muy difícil probar los hechos cuando se enfrenta la denuncia de una víctima cualquiera con la palabra del notario”, aclara Galán. 

El registrador Rafael Arnáiz explica que si se presta con usura, se puede declarar nula esa cláusula en la vía civil: el prestamista devuelve lo prestado más intereses, si le pillan y no hay más sanción. “Lo difícil es demostrar que no entregó la cantidad que consta en la escritura y que ha habido falsedad de documento público. Apenas se interponen querellas criminales”, dice. 

EL AGUJERO POR EL QUE SE CUELA LA USURA

La ley 2/2009 se hizo para tratar de proteger a los consumidores en los préstamos concedidos por personas o entidades que no fueran bancos. Pero algunos prestamistas han sabido encontrar un agujero en esa norma. 

La ley establece, para quien preste dinero con carácter profesional, requisitos similares a los de la banca, como los de inscribirse en un registro de consumo, fianza, información previa y oferta vinculante. Notarios y registradores son los encargados de comprobar que todas esas garantías se han cumplido. El agujero por el que se cuelan algunos es el de hacerse pasar por un particular que presta a otro como si fueran socios o amigos. En ese caso, no tienen que cumplir ningún requisito. 

El registrador Rafael Arnáiz propone modificar la ley de 2009 para exigir más transparencia previa, y que se endurezcan las consecuencias civiles y penales cuando haya usura o estafa.