Stop Estafadores apoya que la AN investigue trama de estafas

Cuatro Juzgados de Instrucción de Madrid han solicitado a la Audiencia Nacional que asuma la investigación sobre una trama de presuntas estafas en préstamos hipotecarios de capital privado, por entender que se trata de un delito económico que podría afectar a una gran cantidad de víctimas en todo el territorio nacional. Según estos órganos judiciales, el prestamista Antonio Arroyo Arroyo, con un entramado societario de trece compañías mercantiles y una red con decenas de intermediarios y colaboradores, podría estar estafando desde hace varios años a personas con necesidades económicas y dificultad de acceso al crédito bancario. 

La operativa estaría diseñada para conseguir, mediante engaño, que acaben aceptando firmar ante notario un capital superior al que realmente reciben. Con la promesa incumplida de que después se articulará en cuotas mensuales; realmente la devolución de todo el préstamo vence en un breve plazo. El abono de la totalidad del capital en un solo pago debe efectuarse, según las escrituras, en mano al propio prestamista, quien, sin embargo vende de inmediato sus derechos a otro acreedor que es desconocido para el prestatario. El objetivo final es hacerse, mediante ejecución hipotecaria y subasta, con la vivienda del afectado en apenas unos meses, con un desembolso real de dinero muy pequeño. 

En marzo de este año, la juez Isabel Durántez, titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Madrid, acordó la acumulación de seis denuncias diferentes contra el mismo prestamista que le habían sido turnadas en distintas fechas y desde distintas procedencias, pero que narraban hechos coincidentes. Tras constatar el modus operandi y comprobar el volumen de posibles afectados, acordó inhibirse a favor de los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional. El auto judicial sostenía que "existen indicios de que los hechos denunciados por gran cantidad de afectados son similares y podrían ser constitutivos de un delito de estafa continuada cometido por Antonio Arroyo y sus colaboradores". La juez subrayaba "la necesidad de investigación y enjuiciamiento conjunto de todas las diversas denuncias presentadas contra A.A.A. y las personas que con él colaboraban. En este caso, además de concurrir la conexividad prevista en el artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, resulta absolutamente conveniente para la propia valoración de los hechos tal acumulación, puesto que no es lo mismo la conclusión a la que puede llegarse analizando cada una de las operaciones llevadas a cabo por el sr. Antonio Arroyo de manera aislada que la conclusión a la que se puede llegar desde una perspectiva global de su actuar reiterado, repetido en el tiempo y cometido siempre de manera similar". 

En mayo era el magistrado del Juzgado de Instrucción nº 43, Rubén Vallejo, quien adoptaba la misma resolución para un caso que instruía contra el mismo prestamista. 

En julio, el Juzgado de Instrucción 47, por decisión del magistrado Adolfo Carretero, reabrió una causa similar de otro afectado y la envió a la Audiencia Nacional con similares argumentos. 

La titular del Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, ha sido la última, por el momento, en apreciar que podemos encontrarnos "ante un delito de estafa de los denominados 'en masa', o sea, un delito cometido contra una generalidad de perjudicados, siendo notoria la gravedad del hecho". Considera que existe "delito continuado"porque concurre "pluralidad de acciones"pero que son consecuencia de "un dolo unitario, derivado de un plan preconcebido". 

La asociación STOP ESTAFADORES, que agrupa a víctimas de estafas de prestamistas de capital privado, estima que, por el número de derechos que aparecen inscritos en el Registro de la Propiedad a nombre del prestamista y sus sociedades, esta red podría haber estafado a más de un millar de familias en toda España. 

El presidente de la asociación, Juan Puche, reclama a la Fiscalía y a la Audiencia Nacional que impulsen “una investigación global sobre la trama” y “no desatiendan las numerosas denuncias existentes”. 

Para el abogado Carlos Javier Galán, asesor jurídico de la asociación, “sólo la instrucción conjunta de todos los casos, con medios adecuados, puede arrojar luz sobre la operativa y las dimensiones de esta red, que a día de hoy sigue actuando impunemente y que acaba provocando auténticos dramas familiares. Nos consta incluso el suicidio consumado de un afectado en Valencia y de dos intentos frustrados en Almería y Alicante”.