Comunicado publicado en la web de la asociación Stop Estafadores, 01.02.2016.
NUESTRO PRESIDENTE, ABSUELTO. DESESTIMADA LA QUERELLA POR SUPUESTAS INJURIAS INTERPUESTA POR EL OFICIAL DE LA NOTARÍA USERA-SANZ
El Juzgado de lo Penal nº 21 de Madrid ha dictado sentencia por la que acuerda la absolución del presidente de la asociación Stop Estafadores, Juan Puche, del delito continuado de injurias del que había sido acusado por el oficial de la notaría donde firmó su préstamo con el usurero Antonio Arroyo.
El origen de la denuncia es un post publicado en el blog personal de Juan Puche, Alerta Trama Estafadores, en el que se aludía al oficial de la notaría de Usera y Sanz -la preferida de varias tramas de presuntas estafas hipotecarias en nuestro país- en términos que éste consideró injuriosos.
En el acto del juicio oral, celebrado el pasado 19 de enero, la acusación particular solicitó una condena de catorce meses-multa con una cuota diaria de 100 € (esto es, unos 42.000 € de multa) más una indemnización a él de 20.000 € por los daños y perjuicios causados. La defensa, brillantemente ejercida por el asesor legal de nuestra asociación, Carlos Javier Galán, de Alberche Abogados, pidió la libre absolución.
El denunciante optó por hacer causa común con el prestamista y con el notario, llevando a ambos como testigos de cargo.
Juan Puche, por su parte, declaró, tanto en instrucción como ante el Juzgado de lo Penal, que no tuvo ánimo de injuriar al oficial, sino únicamente de informar de lo que pasaba en la notaría, para evitar que se produjesen nuevas víctimas del entramado del prestamista Arroyo.
A la hora de analizar los hechos, la juez tiene en cuenta, en primer lugar, el contexto en el que se producen , subrayando esa controversia jurídica. Recuerda que, tal y como se acreditó con la prueba documental instada por la defensa, el prestamista Antonio Arroyo tiene registradas en los decanatos de Madrid un total de 87 denuncias o querellas contra él, el notario José Usera tiene por ahora 3 y la notario Julia Sanz tiene 9. Además, obran informes de la Policía y de la Guardia Civil que detallan el modus operandi de la trama que encabeza Arroyo. “Ello tiene importancia–considera la sentencia- a la hora de determinar cuál fue el ánimo del hoy acusado en el momento de incluir la publicación a que se refieren las presentes actuaciones en su blog, pues partiendo de la existencia de este conflicto judicial es como ha de analizarse el escrito publicado por el acusado”.
Considera que “el escrito no contiene expresiones que puedan ser consideradas objetivamente y aisladamente injuriosas ni ofensivas”, pero que podría incurrir en la modalidad de imputación de hechos. Y, en ese sentido, tiene en cuenta la sentencia que Juan Puche no es conocedor de materia jurídica: “Hemos de partir de las circunstancias personales del acusado, a quien se supone persona lega en Derecho”.
Recuerda también la sentencia que el ámbito penal está reservado a casos especialmente relevantes y que en este caso ha primado el ánimo de criticar y de alertar más que el ánimo de injuriar, por lo que, aunque puedan afectar al honor del denunciante, no constituyen delito: “Lo determinante es que el acusado actúa en la creencia de que las consideraciones que realiza públicamente responden a la realidad y que para ello no utilice términos objetivamente injuriosos, no habiendo quedado acreditada la existencia de animus injuriandi en el acusado a la hora de publicar en su blog el escrito fecha el 10 de febrero de 2011, sino que, por el contrario, lo que se desprende de ese escrito es la existencia de un animus criticandi y de informar a otros posibles perjudicados, sin que haya quedado acreditado que las expresiones contenidas en el referido escrito se hayan llevado a cabo por el acusado con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad a que hace referencia el artículo 208 del Código Penal”.
Nuestra enhorabuena al presidente de la asociación y a su abogado por haber desmontado esta denuncia, que, utilizando como punta de lanza al oficial de la notaría, suponía un primer intento de amedrentar a quienes venimos denunciando públicamente las redes de estafas hipotecarias en nuestro país.