Hoy jueves 23 de marzo era el día fijado para que la Comisión Judicial desalojara de su vivienda a Francisca, una mujer de 83 años con un 84 % de discapacidad, junto a su hijo Fabián y su nieto, a instancia de uno de los ejecutores de la trama Arroyo.
La familia solicitó en su día 20.000 euros que le prometieron que sería un préstamo puente que luego se refinanciaría por cauce bancario para pagar en cómodos plazos. Lo que firmó, sin ser consciente de ello, es recibir 37.000 euros -que no le fueron entregados-, cuya totalidad debía devolver en sólo seis meses. Habían caído en las redes del conocido prestamista Antonio Arroyo Arroyo.
En su día el hijo, apoyado por la plataforma Stop Estafadores, fue conociendo el alcance de la trama y comenzó a reaccionar frente a esta operación fraudulenta.
En primer lugar, presentó denuncia por estafa, que fue sobreseída provisionalmente porque el Juzgado de Instrucción nº 53 de Madrid no apreció indicios de delito, sin practicar ninguna diligencia de investigación.
Se interpuso recurso de apelación y en un solo día -sorprendentemente para los plazos que se manejan normalmente- la Audiencia Provincial confirmó entonces el archivo. Luego ha ido cambiando la sensibilidad respecto a estos casos, pero en 2013 los jueces aún no veían delito, no consideraban que hubiera un engaño sistemático, sino que lo trataban como una cuestión puramente civil.
Mientras tanto, el Juzgado de Primera Instancia nº 32 de Madrid tramitaba la ejecución hipotecaria contra esta familia, a instancia de Antonio Serrano Marcos, un supuesto "inversor" que compró el crédito a Arroyo para desahuciar a la familia y quedarse con su vivienda.
La madre también tiene interpuesta por su parte querella por estafa, que sin embargo no ha conseguido por el momento paralizar la ejecución.
Hoy, cinco años después del comienzo de la ejecución y tras agotar todas las posibilidades que su abogada fue viendo en el procedimiento, llegó el momento de la diligencia de lanzamiento.
En la puerta de la vivienda se congregaron activistas de organizaciones sociales del distrito de Tetuán -como Tetuán Resiste, Banco de Alimentos, etc.- y medios de comunicación. Según han informado algunos de los presentes a través de Twitter, ante la situación de la anciana -en cama por enfermedad- la comisión judicial ha aplazado el lanzamiento durante un mes más, fijando nueva fecha para el 28 de abril a las 10 h.
Esperemos que para entonces se haya podido conseguir la suspension por prejudicialidad penal o por cualquiera de los otros cauces previstos en la ley y pueda detenerse definitivamente esta injusticia, de forma que Arroyo y sus colaboradores no consigan poner a otra familia en la calle para lucrarse con su vivienda.