Por Domingo Marchena
Publicado en La Vanguardia, 25.11.2014
La Justicia investiga en Barcelona, a instancia de la PAH, veinte lanzamientos semejantes al de la octogenaria de Vallecas
La anciana desahuciada en Vallecas tiene todos los ingredientes para cautivar a los medios de comunicación: una víctima especialmente desvalida y la oleada de indignación y solidaridad que ha despertado su caso. Pero notarios, abogados, expertos en Derecho hipotecario y activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) sostienen que la caja de Pandora se acaba de abrir y que hay muchísimas más ancianas de Vallecas.
Sólo en Barcelona la justicia investiga a instancias de la PAH veinte casos de préstamos que podrían rozar, no ya la usura, que por cierto no es delito en España, sino la estafa, que sí lo es. Así lo sostienen una de las portavoces de la oenegé, Susana Ordóñez, que tilda a algunos investigados de "usureros mafiosos". No es un fenómeno aislado. Tanto es así que el Consejo General del Notariado, el órgano de gobierno de la profesión, recuerda periódicamente a sus miembros que extremen el celo para frenar prácticas engañosas en los préstamos entre particulares.
El problema es que la crisis y el frenazo en la concesión de créditos bancarios han allanado el terreno a estos prestamistas. Y también a las empresas de telecréditos y a las denominadas P2P (de persona a persona). Una de las últimas en aterrizar en España es Lendico, que pone en contacto a quienes necesitan dinero con quienes están dispuestos a prestárselo. La plataforma está avalada por Rocket Internet, la misma empresa que lanzó la web de citas eDarling o la de ropa Zalando. Lendico promete a sus inversores "un estricto control del riesgo" y "rentabilidades de hasta el 22,69 %".
Internet es hoy, dicen los expertos, el paraíso de los prestamistas. Se trata, explican su defensores, de un sector regulado y con garantías. Pero también siguen existiendo los especuladores de toda la vida, como los que retrata Balzac en La comedia humana. Una de sus últimas víctimas en Barcelona es Mari Carmen, una abuela de la Zona Franca, que acogió a su hija y a sus tres nietos, de entre 5 y 11 años. Llovía sobre mojado. Mari Carmen también fue desahuciada meses después, en julio, a raíz del lanzamiento instado por un prestamista. Su hija logró que la madre le avalara con la casa. Los activistas antidesalojos lograron frenar el desahucio hasta en tres ocasiones, pero a la cuarta fue la vencida. "Uno de los nietos de Mari Carmen -recuerda Carlos, de la PAH- le dijo a un mosso, con una ironía impropia para un niño: 'Gracias por echarme de mi casa'. El agente fue incapaz de mirarle a los ojos".
La misma historia de Vallecas. ¿Cómo es posible que personas que deberían tener una protección especial -ancianos o madres sin recursos y con menores a su cargo- pierdan su casa? ¿Y cómo es posible que la pierdan por un préstamo tres o cuatro veces inferior al precio real de la vivienda? La respuesta es muy sencilla: la ley les ampara. En primer lugar, en España la usura ni siquiera es delito desde la reforma del Código Penal de 1995, como recuerda el doctor en Derecho y abogado mercantilista Fernando Zunzunegui. Hasta 2009, además, las víctimas de un crédito usuario sólo podían reclamar ante el Banco de España, si la operación se había concertado con una entidad financiera. Si, por el contrario, el fiador era un particular, el caso quedaba fuera de las competencias del supervisor del sistema bancario español. Se trataba, como denuncia Fernando Zunzunegui, que también es profesor de la Universidad Carlos III, de "una zona gris parabancaria". El escándalo se solventó en parte con el traslado de las competencias de supervisión a las autoridades de consumo de las comunidades autónomas. La conclusion del letrado Zunzunegui es lapidaria: "Sobre el papel, ¿hay más controles que hasta 2009? Sí. ¿Son suficientes? No".
A partir de la reforma penal, las leyes establecen que los préstamos tienen que alcanzar el 80 % del valor de la vivienda para impedir que los desalmados obtengan gangas. Pero ¿qué pasa con los préstamos anteriores a la ley? Que se lo pregunten a las abuelas de Vallecas o de la Zona Franca. José Ignacio Navas, notario y autor del libro Claves para afrontar la crisis inmobiliaria, da un consejo que llega tarde para muchas familias: "Si hace falta, presten el dinero directamente a sus hijos, pero nunca les avalen con la vivienda".
Sólo en Barcelona la justicia investiga a instancias de la PAH veinte casos de préstamos que podrían rozar, no ya la usura, que por cierto no es delito en España, sino la estafa, que sí lo es. Así lo sostienen una de las portavoces de la oenegé, Susana Ordóñez, que tilda a algunos investigados de "usureros mafiosos". No es un fenómeno aislado. Tanto es así que el Consejo General del Notariado, el órgano de gobierno de la profesión, recuerda periódicamente a sus miembros que extremen el celo para frenar prácticas engañosas en los préstamos entre particulares.
El problema es que la crisis y el frenazo en la concesión de créditos bancarios han allanado el terreno a estos prestamistas. Y también a las empresas de telecréditos y a las denominadas P2P (de persona a persona). Una de las últimas en aterrizar en España es Lendico, que pone en contacto a quienes necesitan dinero con quienes están dispuestos a prestárselo. La plataforma está avalada por Rocket Internet, la misma empresa que lanzó la web de citas eDarling o la de ropa Zalando. Lendico promete a sus inversores "un estricto control del riesgo" y "rentabilidades de hasta el 22,69 %".
Internet es hoy, dicen los expertos, el paraíso de los prestamistas. Se trata, explican su defensores, de un sector regulado y con garantías. Pero también siguen existiendo los especuladores de toda la vida, como los que retrata Balzac en La comedia humana. Una de sus últimas víctimas en Barcelona es Mari Carmen, una abuela de la Zona Franca, que acogió a su hija y a sus tres nietos, de entre 5 y 11 años. Llovía sobre mojado. Mari Carmen también fue desahuciada meses después, en julio, a raíz del lanzamiento instado por un prestamista. Su hija logró que la madre le avalara con la casa. Los activistas antidesalojos lograron frenar el desahucio hasta en tres ocasiones, pero a la cuarta fue la vencida. "Uno de los nietos de Mari Carmen -recuerda Carlos, de la PAH- le dijo a un mosso, con una ironía impropia para un niño: 'Gracias por echarme de mi casa'. El agente fue incapaz de mirarle a los ojos".
La misma historia de Vallecas. ¿Cómo es posible que personas que deberían tener una protección especial -ancianos o madres sin recursos y con menores a su cargo- pierdan su casa? ¿Y cómo es posible que la pierdan por un préstamo tres o cuatro veces inferior al precio real de la vivienda? La respuesta es muy sencilla: la ley les ampara. En primer lugar, en España la usura ni siquiera es delito desde la reforma del Código Penal de 1995, como recuerda el doctor en Derecho y abogado mercantilista Fernando Zunzunegui. Hasta 2009, además, las víctimas de un crédito usuario sólo podían reclamar ante el Banco de España, si la operación se había concertado con una entidad financiera. Si, por el contrario, el fiador era un particular, el caso quedaba fuera de las competencias del supervisor del sistema bancario español. Se trataba, como denuncia Fernando Zunzunegui, que también es profesor de la Universidad Carlos III, de "una zona gris parabancaria". El escándalo se solventó en parte con el traslado de las competencias de supervisión a las autoridades de consumo de las comunidades autónomas. La conclusion del letrado Zunzunegui es lapidaria: "Sobre el papel, ¿hay más controles que hasta 2009? Sí. ¿Son suficientes? No".
A partir de la reforma penal, las leyes establecen que los préstamos tienen que alcanzar el 80 % del valor de la vivienda para impedir que los desalmados obtengan gangas. Pero ¿qué pasa con los préstamos anteriores a la ley? Que se lo pregunten a las abuelas de Vallecas o de la Zona Franca. José Ignacio Navas, notario y autor del libro Claves para afrontar la crisis inmobiliaria, da un consejo que llega tarde para muchas familias: "Si hace falta, presten el dinero directamente a sus hijos, pero nunca les avalen con la vivienda".