El grupo parlamentario de Unión, Progreso y Democracia en la Asamblea de Madrid formalizó una enmienda a la Ley de acompañamiento a los presupuestos generales de la Comunidad para 2015, que perseguía evitar casos como el desahucio sufrido por Carmen, una anciana de Vallecas, que perdió su vivienda de toda la vida a instancia de un prestamista particular.
La propuesta de UPyD pretendía que el parlamento autonómico instase al Gobierno de la Comunidad a adoptar medidas en un plazo de cinco meses y que pidiera al Gobierno de la nación que hiciera lo mismo en su ámbito competencial.
Se trataría de un desarrollo normativo de la Ley 2/2009 que estableciera un modelo normalizado para aquellos préstamos hipotecarios de capital privado con garantía de vivienda, así como una inscripción obligatoria. De esa forma podrían ser más claras las condiciones para el prestatario y se permitiría también un mayor y mejor control administrativo.
Incluso UPyD proponía que la administración autonómica, además de sancionar en materia de Consumo, pudiera también, dar traslado al Ministerio Fiscal en aquellos casos que proceda actuar por vía judicial.
La enmienda, defendida por el diputado Ramón Marcos Allo, obtuvo en la cámara el respaldo de UPyD, PSOE e IU, y el voto en contra del PP, que cuenta actualmente con mayoría absoluta, por lo que resultó rechazada esta iniciativa de protección.