Para el 15 de enero estaba señalado en Alcalá de Henares (Madrid), el desalojo de Marisa, de cuyo caso dimos cuenta aquí. Más de un centenar de activistas de la PAH y ciudadanos en general se dieron cita ese día ante la vivienda de la afectada.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca, a través de su letrado Javier Rubio, había presentado días atrás una querella por presunta estafa contra la firma Admira Siglo 21.
El Juzgado de Instrucción nº 47 de Madrid notificó el mismo día 15 de enero a media mañana el auto de admisión a trámite de la misma y la incoación de Diligencias Previas para investigar el caso.
Con esa resolución judicial en la mano, el lanzamiento fue suspendido in extremis por el Juzgado de Primera Instancia de Alcalá de Henares que lo tramita, para valorar la posible paralización del proceso de ejecución hipotecaria ante la existencia de prejudicialidad penal.