El Presidente de STOP ESTAFADORES, Juan Puche, ha dirigido un escrito a la Fiscalía de la Audiencia Nacional reiterando la necesidad de que se abra una investigación global sobre las centenares de familias afectadas por presuntas estafas cometidas por la red que encabeza Antonio Arroyo Arroyo en la suscripción de préstamos de capital privado.
En noviembre de 2013, el abogado director de Alberche Área Jurídica, Carlos Javier Galán, redactó gratuitamente para otra entidad, ADEVIF, una amplia denuncia, en la que se ponía en conocimiento de la Fiscalía de la Audiencia Nacional la existencia de esta trama y su modus operandi habitual. De esta iniciativa se hizo eco el programa Equipo de Investigación de La Sexta TV, además de otros medios.
El 10 de julio de 2014, el citado letrado concedió la venia a un nuevo abogado, Santiago Landete, a solicitud de la propia ADEVIF, y posteriormente le remitió toda la extensa documentación. No consta desde entonces absolutamente ninguna gestión al respecto.
En septiembre de 2014 supimos, indirectamente, a través de algunos procedimientos judiciales, que la Fiscalía de la A.N. había denegado esta solicitud de investigación y acordaba archivar las diligencias. Por parte de la entidad que había sido denunciante ya no se formuló objeción alguna a esta decisión.
Ahora, Stop Estafadores, asociación mayoritaria de los afectados de estafas de prestamistas, ha dirigido una nueva petición a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, redactada por el mismo letrado, que hoy asesora a esta entidad. El escrito insiste en los argumentos y datos que, a juicio de las víctimas, deberían ser tomados en cuenta. Además, aporta nueva información y da cumplida respuesta a los reparos que expuso en su día el Ministerio fiscal.
Para Stop Estafadores, las decenas de denuncias que hoy están en vía judicial no son sino “la punta del iceberg de una realidad mucho más amplia” que ha de ser objeto de atención por parte de la fiscalía. Estamos hablando de más de un millar de familias afectadas, como podría fácilmente comprobarse.
Stop Estafadores recuerda que el modus operandi descrito difícilmente puede considerarse materia civil, como sostenía el fiscal, porque, además de la estafa, se detectan falsedades documentales o usurpaciones de personalidad, junto con serios indicios de blanqueo de capitales, que han detallado en su escrito.
Con independencia de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional preste esta vez atención o decida seguir haciendo oídos sordos a este clamor de familias que, a lo largo de años, en distintos puntos de la geografía nacional, han denunciado hechos similares y han coincidido en señalar a las mismas personas, Stop Estafadores asegura que "cumple con un deber moral y cívico” al insistir en denunciar esta realidad y ponerla en conocimiento de los organismos que deben actuar. La asociación manifiesta su convicción de que“tarde o temprano esta red caerá y se comprobará su verdadera dimensión” y avisa de que “para cuando se conozca públicamente este delito masivo ejecutado durante años, nadie podrá fingir ignorancia, porque lo hemos puesto en conocimiento de quienes creíamos que tenían que saberlo”.