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Channel: ESTAFAS DE PRESTAMISTAS
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Préstamos estafa, reportaje en Sintonía Televisión Rioja

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El programa Amor y Vida TV, que dirige y presenta Nuria Aragón en Sintonía Televisión Rioja, dedicó su emisión del pasado miércoles 27 a las estafas cometidas en préstamos no bancarios, conversando con la asociación que agrupa a los afectados, Stop Estafadores

Juan Puche (presidente), Mary Yáñez (tesorera), Gracia Monje (delegada en la zona Sur) y el asesor legal de esta asociación, Carlos Javier Galán, abogado de Alberche Área Jurídica, son entrevistados por Nuria Aragón. 

La introducción del programa se preguntaba: "¿Has pedido un préstamo alguna vez? ¿O tal vez tienes pensado pedir uno? ¿Sabías que una gran parte de ellos son estafas que acaban, principalmente, en desahucios? ¿Y que aún puedes denunciar un préstamo estafa que te hayan hecho si fue antes de 10 años?", para animar a conocer "gracias a Stop Estafadores, qué hacer si quieres pedir un crédito o cómo actuar si ya lo has hecho". Una invitación a los afectados a encontrar en esta asociación "el apoyo emocional, legal y moral que necesitas, o el lugar para poder ofrecérselo a aquellos que lo necesiten". 

Éste es el vídeoíntegro del programa:



En Hoy por Hoy de la Cadena Ser, engaños en préstamos

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El programa Hoy por hoy prestó atención el pasado 27 de mayo al peligro de los engaños y estafas en préstamos. 

En La denuncia de la semana en materia de consumo, Gemma Nierga entrevista a la cantante Gracia Monje, delegada de la asociación Stop Estafadores en Andalucía, y al presidente de esta asociación Juan Puche, quienes narran su experiencia con estas tramas y alertan para evitar nuevas víctimas.

Gracia explica los aspectos psicológicos con los que te envuelven, aprovechándose de tu situación de necesidad, y subraya que el objetivo es el quedarse con tu casa. Por su parte, Juan Puche repasa la operativa seguida y denuncia la actuación cómplice de unos notarios concretos.

A partir del minuto 42:30, del podcast, puede escucharse la entrevista: 

El Periódico: descontrol administrativo sobre prestamistas

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Publicado en El Periódico, 29.05.2015

Prácticas económicas fraudulentas
LA DESIDIA DE LAS ADMINISTRACIONES DA ALAS A LOS USUREROS

- Consumo incumple desde 2011 el deber de publicar el registro de prestamistas
- La Generalitat renunció a crear el censo autonómico previsto por la ley de 2009

Manuel Vilaseró. Madrid. 

Si la legislación actual es insuficiente para atajar los abusos de los prestamistas sin escrúpulos, su aplicación es aún más deficiente. Desde que en el año 2011 se creó el registro oficial de las empresas no financieras que ofrecen créditos hipotecarios, los que ponen en riesgo la vivienda del deudor, el Gobierno incumple su obligación de facilitar a los ciudadanos el acceso telemático que les permita comprobar el grado de fiabilidad del prestamista. La Generalitat, por su parte, ha renunciado a crear su propio registro autonómico al que le instaba la ley desde 2009 y sólo lleva a cabo inspecciones de oficio a las empresas que conceden créditos de poca cuantía. 

"El registro estatal [será] accesible a través de la página web del Instituto Nacional de Consumo". Así lo establecía el 28 de enero de 2011 el decreto de creación de este organismo en el punto 2 del artículo 3. Más de cuanto años después no hay ni rastro del registro en la página de Sanidad, el ministerio del que dependen los asuntos de consumo. Después de explorar la web se llega a un callejón sin salida donde se encuentra un enlace, precisamente, al decreto que se está incumpliendo

EN PROCESO DE DESARROLLO. Consultada al respecto, la Agencia Española de Consumo (AECOSAN), heredera del Instituto, respondió lo siguiente: "El acceso por medios electrónicos se está desarrollando. Una vez esté habilitado, los datos del mismo estarán a disposición". No fue posible hablar con ningún responsable ni sobre esta cuestión concreta, ni de las denuncias de abusos cometidos por prestamistas. El Gobierno que se vanagloria de haber aprobado la primera ley de transparencia no da ninguna explicación del porqué del enorme retraso en facilitar un acceso clave para que no se caiga en manos de los modernos usureros. 

En el registro deben figurar no sólo los datos básicos de la empresa, sino que se deben inscribir las anomalías detectadas, así como "los folletos, tarifas y precios repercutibles". 

En estas circunstancias de opacidad, no es posible conocer si el registro cumple con su función de "comprobar la legalidad y dar cuenta de cualquier anomalía"en las empresas inscritas. Los expertos lo dudan. Hay registrados 600 prestamistas y el inscrito con el número 1 es Antonio Arroyo Arroyo, incurso en varias causas judiciales por estafa y detenido en tres ocasiones. 

El de las comunidades es otro capítulo de incumplimientos. Sólo Murcia ha creado el registro autonómico previsto en la ley de 2009. Un portavoz de la Conselleria d'Economia reconoció ignorar por qué Catalunya no ha ejercido una competencia que la ley le otorga y se conforma con el estatal cuando la reclamación de transferencias es una constante en el Ejecutivo catalán. 

LAS INSPECCIONES. La capacidad de inspeccionar, atender y sancionar es también de las autonomías. ¿Y cómo la ejercen? Apenas lo hacen, con alguna que otra honrosa excepción. La Generalitat es de las pocas administraciones que lleva a cabo campañas de inspección, pero sólo con las empresas que ofrecen microcréditos, las de dinero rápido, no las que incluyen la hipoteca de la vivienda. Se escapan por el agujero negro del descontrol presuntos estafadores como los de la red de Arroyo. Prestamistas sin escrúpulos que intentan quedarse con las casas de los hipotecados por cantidades irrisorias, como les está ocurriendo a Juan Puche o Monchi Navarrete, cuyo marido se suicidó porque no pudo soportarlo más y cuyas dramáticas historias se contaban en la edición del pasado domingo.

En los microcréditos las cantidades estafadas son relativamente pequeñas, pero se convierten en una tragedia para las personas que acuden ahí porque ya están desesperadas. El número de abusos que cometen estas empresas es incontable. En la última campaña de inspecciones llevada a cabo por la Agència Catalana de Consum, se han detectado irregularidades en 14 de las 20 investigaciones, nada menos que el 70 %. A las 14 se les abrió expediente sancionador que meses después ha concluido en tres casos con multas de escaso importe, 8.000 euros en total. Tampoco se les ha impuesto la pena de publicidad, lo que impide dar a conocer sus nombres. El expediente de las 11 restantes aún no ha concluido. 

"Hemos encontrado de todo, desde cláusulas abusivas y usurarias a ofertas engañosas, que no muestran los intereses ni el TAE como deben hacerlo", señala Conesa, que sostiene que en los casos más graves las sanciones pueden alcanzar incluso los 100.000 euros. Y en los casos que se detecta usura, el expediente se remite a los Mossos d'Esquadra

Al margen de esta inspección, Conesa reconoce que no les ha llegado ni una sola denuncia de los consumidores, un hecho que atribuye a lo bajos que son los importes defraudados, pero que también revela que no se informa lo suficiente a las víctimas de cómo pueden denunciar. 

RECOGIDA DE FIRMAS. La portavoz de Consumo del PSOE en el Congreso, Pilar Grande, cree que hay una legislación muy dispersa que se aplica mal. Su grupo presentará próximamente una propuesta contra la usura en el Parlamento. Una iniciativa que se sumará a la recogida de firmas lanzada por la asociación Stop Estafadores en la plataforma Change.org para pedir que se legisle "para impedir la usura y que miles de familias sean estafadas cada año". 

LOS CONSEJOS

1. La mayoría son créditos tóxicos. El primer consejo en el que coinciden todos los expertos es que, si puede evitarlo, no acuda a prestamistas ni a empresas de crédito rápido. "Casi todos ellos son tóxicos", según la organización de consumidores Adicae. Lo más probable es que acabe peor de como estaba. 

2. Acudir asesorado por un experto. Si va a contratar un crédito con hipoteca a un prestamista nunca lo haga sin asesorarse. Puede acudir a asociaciones de consumidores o de víctimas de estafas. No se hipoteque nunca por cantidades pequeñas. Si no las puede devolver en el plazo estipulado, intentarán dejarle sin casa. 

3. No se deje llevar por las prisas. En los microcréditos rápidos por internet lea atentamente las condiciones. No se deje llevar por la publicidad o por la necesidad de conseguir el préstamo. Tiene derecho a conocer con carácter previo el contenido de las condiciones contractuales. 

4. No dude en denunciar. Si atisba cualquier tipo de engaño, no dude en denunciar, aunque sólo sea una sospecha. Si es grave puede hacerlo en los juzgados y en cualquier caso en las oficinas de consumo, municipales o autonómicas. También puede asesorarse en Adicae, Stop Estafadores o Adevif (*).

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(*) Reproducimos literalmente el reportaje publicado por El Periódico, pero aclaramos que en esta web especializada no aconsejamos, desde junio de 2014, asesorarse en Adevif, dada la opacidad del funcionamiento y actividades de dicha entidad y las consecuencias negativas que ese asesoramiento ha tenido para algunas víctimas.

Nuevo plazo de apelación de dos meses por cláusulas abusivas

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Información de gran importancia para afectados por ejecuciones hipotecarias: se ha abierto un nuevo plazo de dos meses para poder interponer recurso de apelación contra las resoluciones que hubieran desestimado la oposición por cláusulas abusivas. 

Como es sabido, en su día la Justicia europea sentenció que la ley procesal española, que permitía interponer recurso al prestamista pero no al prestatario en los casos de cláusulas abusivas, era contraria a la normativa europea de consumo.

Esto obligó a que el Gobierno español, mediante Real Decreto Ley 11/2014, de 5 de septiembre, modificara esa previsión legal y permitiera interponer recurso en ambos casos.

En esa norma se otorgó un plazo extraordinario de un mes para que, todas aquellas personas inmersas en procedimientos hipotecarios que hubieran alegado cláusulas abusivas y hubieran visto rechazadas sus pretensiones, pudieran apelar.

Ahora, la Ley 9/2015, de 25 de mayo, confirma esa modificación legal que fue avanzada por vía de urgencia por el Real Decreto. Y, aunque no hay ya realmente ninguna modificación, sí es muy trascendente que se otorga un nuevo plazo de dos meses para poder apelar si aún no se había hecho.

Esa apelación paraliza la ejecución hipotecaria contra la vivienda -u otro inmueble hipotecado- del afectado, al menos hasta que la respectiva Audiencia Provincial la resuelva.

Desoyendo el dictamen del Abogado General de la Unión Europea, nuevamente se ha establecido que dicho plazo no será notificado a las partes en las ejecuciones hipotecarias, sino que se computará a partir de la entrada en vigor de la norma, un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Por tanto, el plazo vencería, según nuestros cálculos, el 27 de julio de 2015.

A todos los afectados les recomendamos que contacten con el abogado que le esté llevando su asunto, para que este nuevo plazo sea debidamente utilizado, si procede. 

Para cualquier consulta a Alberche Área Jurídica sobre este particular puede dirigirse a abogado@alberche.com

Otro desahucio y 14 detenciones al servicio de un usurero

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Otra vez hemos vivido la repugnante situación de tener que ver a todo el aparato judicial y a nuestras Fuerzas de Seguridad al servicio de los intereses de un usurero denunciado por estafa. Algo falla en las leyes y en su aplicación cuando con tanta frecuencia tenemos que presenciar con impotencia escenas similares.

LA VÍCTIMA 

En este caso, Carmen, de 50 años, desempleada de larga duración y con tres hijos, fue expulsada por la fuerza de su casa, mientras 14 activistas que se solidarizaron con ella pasaron horas detenidos en la comisaría de Moratalaz.

Como informamos aquí, el pasado 29 de abril ya se intentó su lanzamiento y fue aplazado un mes. Ahora se ha llevado a cabo, con un amplio despliegue policial. 

EL PRESTAMISTA 

Carmen firmó su operación con el prestamista José Ruiz Encinas, de la firma Unión de Crédito Hipotecario.

Relata haber sido objeto de una estafa con todos los elementos del modus operandi habitual en estos casos: capital formal superior al realmente entregado, intereses de demora abusivos, plazo brevísimo de pago mientras se prometen refinanciaciones a largo plazo que nunca se gestionan, y tasación irrisoria del inmueble para apoderarse mejor del mismo. 

La adjudicataria de su vivienda es, al parecer, la propia hija del prestamista, Esther Ruíz Hernández, según una completa información difundida en su día por la agencia Diso Press.

LOS ACTIVISTAS ANTIDESAHUCIOS

Los activistas acudieron a la vivienda tras el llamamiento formulado por la Asamblea Popular de Tetuán, y pertenecían a distintos colectivos sociales, como Oficina de Vivienda, Distrito 14, Brigada 13, etc.

La policía llegó muy temprano y las diecisiete personas que hasta ese momento habían secundado la convocatoria solidaria optaron por encerrarse dentro del piso.

La policía entró por la fuerza y los presentes en el piso ejercieron mera resistencia pasiva. Según les iban sacando, procedieron a la detención de 14 de ellos.

Se les trasladó a la Comisaría de Moratalaz, donde permanecieron hasta que se les liberó a las 19'30 h. aproximadamente.

¿Y EL PAPEL DE ADEVIF? 

Carmen se había unido a la asociación Adevif, que se presenta como plataforma de afectados por estafas de prestamistas, pero viene caracterizándose, en nuestra opinión, por la opacidad pública de sus actuaciones. Alberche Área Jurídica tomó la decisión de dejar de colaborar hace aproximadamente un año con la misma. 

Adevif llevó a Carmen a varios espacios televisivos, haciéndola pasar por víctima de Antonio Arroyo, otro prestamista con mayor notoriedad mediática que el suyo. 

No ha informado nunca públicamente de qué actuaciones jurídicas ha llevado a cabo en relación con este caso, como sí hacen otras asociaciones.

El mero aplazamiento del lanzamiento por un mes lo presentaron, con triunfalismo, como un éxito "resultado del trabajo de ADEVIF" en la defensa de "los intereses de sus asociados".

Un mes más tarde, mientras Carmen era expulsada de su casa y centenares de personas se solidarizaban con ella con el hashtag #CarmenSeQueda, la citada entidad guardó absoluto silencio en sus blogs y redes sociales sobre el lanzamiento que se estaba produciendo. Adevif tampoco emitió el menor mensaje de solidaridad pública con los activistas que resultaron ese día detenidos por dar la cara por Carmen. 

Es la misma asociación de pertenencia de Irene, desalojada de su casa en Zaragoza, y de Umberto, desahuciado en Madrid.
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La noticia del desalojo de Carmen y las detenciones policiales en algunos medios:

- Público, 02.06.2015
El Mundo, 02.06.2015
- ABC, 02.06.2015
- 20 Minutos, 02.06.2015
- La Vanguardia, 02.06.2015
- El Diario, 02.06.2015
La Información, 02.06.2015.
- Cadena Ser, 02.06.2015

(Fotografía: Olmo Calvo, El Mundo).

En Ser Consumidor, ¿quién pone freno a los usureros?

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El veterano y prestigioso programa radiofónico Ser Consumidor, que se emite los domingos de 6 a 7 de la mañana, abordará el próximo 7 de junio la problemática de la usura y los abusos por parte de prestamistas no bancarios.

Para ello, Jesús Soria entrevistará al presidente de la asociación de afectados Stop Estafadores, Juan Puche, al abogado de la misma, Carlos Javier Galán, del despacho Alberche Área Jurídica, y a un representante del Colegio de Notarios de Madrid. 

En su videoblog, el director y presentador de este espacio, alerta ya sobre las prácticas fraudulentas de estas redes, ante la falta de controles efectivos.



Entrevistas en Ser Consumidor a afectados, abogado y notario

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Como habíamos anunciado aquí, el programa Ser Consumidor del domingo 7 de junio dedicó su sección Tus derechos a las prácticas fraudulentas en préstamos no bancarios.

Jesús Soria recordó el testimonio que ofreció días atrás en Hoy por hoy la cantante andaluza Gracia Monje, que denuncia haber sido estafada por la red del prestamista Antonio Arroyo Arroyo.

Seguidamente, realizó una entrevista telefónica a Juan Puche, presidente de la plataforma de afectados Stop Estafadores, quien explicó que el modus operandi está cambiando debido a las denuncias de este colectivo en medios de comunicación y redes sociales. Recalcó la dificultad probatoria que luego revisten estas estafas cuando llegan a los juzgados. El presidente de la asociación detalló que, normalmente, estos prestamistas entregan sólo una parte del capital, prometiendo entregar el resto en quince días, entrega que luego nunca se realiza. Narró supuestos en los que estos usureros se quedan con las viviendas de los afectados por cifras ridículas. Y denunció abiertamente la connivencia de determinados notarios.

Intervino también desde el estudio el abogado Carlos Javier Galán, del despacho Alberche Área Jurídica, y asesor legal de esta asociación. El letrado alertó de que, con la crisis y el cierre del grifo del crédito bancario, es muy fácil caer en estas tramas, que actúan con total impunidad. Criticó la falta de controles administrativos por parte de las autoridades de Consumo de las Comunidades autónomas. Y lamentó que, en el ámbito penal, la complicidad de esos pocos notarios que intervienen acrecienta la dificultad probatoria. Reivindicó algunas reformas legislativas sencillas que podrían impedir o cuando menos obstaculizar estas prácticas abusivas e incluso delictivas.

Se dio también paso a Juan Pérez Hereza, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Notarios de Madrid, quien expuso su opinión sobre las limitaciones que tienen los fedatarios ante este tipo de situaciones.

Éste es el podcast completo del programa y el bloque al que hacemos referencia puede escucharse a partir del minuto 18:40:



Iniciativa del PSOE en el Congreso contra la usura

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El Grupo Parlamentario Socialista, a través de su diputado Antonio Hurtado Zurera, ha presentado el pasado 3 de junio una Proposición no de Ley sobre medidas de protección del ciudadano frente a la usura, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad. 

La iniciativa plantea crear una mesa técnica en la que se defina el tipo de interés que podría ser considerado como usurario o abusivo, tomando como referencia el interés legal del dinero, una medida que daría seguridad jurídica, puesto que ahora depende de la apreciación de cada juez.

También propone promover cambios normativos que permitan que los prestamistas que utilicen tipos de interés usurarios no sólo pierdan los intereses sino incluso parte del capital prestado, como penalización que desincentive esta mala práctica.

Reunión entre Stop Estafadores y el Grupo Socialista del Congreso

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Representantes de la asociación Stop Estafadores, que agrupa a víctimas de estafas en préstamos no bancarios, han mantenido en la tarde del 9 de junio una reunión en el Congreso de los Diputados con miembros del Grupo Parlamentario Socialista, que ha registrado recientemente una Proposición no de ley sobre medidas de protección al ciudadano frente a la usura

Por parte de Stop Estafadores acudieron a la entrevista Mary Yáñez, miembro de la Junta directiva, y Javier Gimeno, delegado en Madrid, acompañados por el asesor legal de este colectivo, Carlos Javier Galán, de Alberche Área Jurídica. Fueron recibidos por los diputados del PSOE Pilar Grande Pesquero, portavoz en la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales (que incluye la materia de Consumo), y Antonio Hurtado Zurera, portavoz adjunto en la Comisión de Economía y Competitividad. 

Los directivos de la asociación tuvieron ocasión de conocer de primera mano la iniciativa que acaba de presentar el PSOE, mientras que los parlamentarios pudieron escuchar el testimonio de las prácticas fraudulentas más frecuentes en el sector.

Los diputados y el colectivo de afectados mostraron su voluntad de mantener contacto fluido, con el objetivo de ir materializando nuevas iniciativas que den visibilidad a este problema, ofrezcan soluciones preventivas para impedir o dificultar estos engaños, y procuren justicia para las personas que ya han sido víctimas.

Entrevista a Stop Estafadores en Gestiona Radio

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El espacio Primera hora, que presenta Jaume Segalés en Gestiona Radio entrevistó a Juan Puche, presidente de la asociación Stop Estafadores

El máximo responsable de esta asociación que agrupa a las víctimas de estafas denunció ante los oyentes las prácticas fraudulentas de estas redes que operan en nuestro país, alertando para que no caigan nuevas víctimas. 

Éste es el vídeo publicado por la propia asociación.

Stop Estafadores convoca su II Asamblea General

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Actualización post 02.07.2015: cambiada fecha de la asamblea para el 25 de julio.
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La asociación Stop Estafadores, que agrupa a victimas de estafas en préstamos no bancarios, ha convocado su II Asamblea Generalde socios para el próximo sábado 4 de julio de 2015, a las 10 h. en el local que tienen cedido para sus reuniones en la localidad madrileña de Algete.

La Junta Directiva presentará su informe de gestión con los logros conseguidos, analizando también aquellos aspectos que haya que mejorar. Se aprobarán las próximas actividades y se debatirán las propuestas que formulen los asociados.

La Asamblea llega tras un año de intenso trabajo, en el que la asociación se ha convertido en mayoritaria entre las víctimas de este tipo de estafas y en una referencia ineludible ante los afectados, ante los poderes públicos y ante los medios de comunicación.

WEB Y REDES SOCIALES

Tras legalizarse y nombrar sus órganos directivos, Stop Estafadores puso en marcha su web informativa donde ha publicado más de 220 noticias y ha superado las 50.000 visitas.

En este período también fue implantando y ampliando su presencia en redes sociales, como su grupo en Facebook con más de 400 miembros, su perfil en Twitter con casi 300 seguidores, o su canal de Youtube con 1.750 visualizaciones acumuladas en sus videos. 

INFORMACIÓN 

En este primer año de actividad la asociación ha facilitado información jurídica útil, como resoluciones judiciales de interés práctico para otros afectados, información sobre novedades legales, consejos, etc. 

DENUNCIA PÚBLICA 

A través de sus cauces propios y de los medios informativos, ha realizado también una continuada denuncia pública de las tramas de estafas en préstamos privados, desenmascarando a sus principales implicados y ofreciendo datos de la conexión con entramados de corrupción política y económica en nuestro país, como la red Púnica. 

Esa denuncia de las estafas hipotecarias le llevó a reunirse en la Fiscalía General del Estado o a aportar nueva información a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, además de otras muchas actuaciones más reservadas que se llevan a cabo de forma permanente con la discreción que exigen. 

Stop Estafadores impulsó también algunas campañas de advertencia en portales de anuncios

ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS 

La labor de apoyo a las víctimas ha sido constante e incansable, habilitando un servicio de atención telefónica, una conexión por Skype y un grupo de Whatsapp. 

Desde Stop Estafadores se ha brindado el necesario respaldo humano a los afectados ante situaciones dramáticas e incluso intentos de suicidio. Se han promovido pequeñas ayudas económicas ante situaciones de emergencia. Y se ha encauzando a los afectados para que pudieran recibir atención jurídica. 

El servicio de fax, escáner y fotocopias que la asociación habilitó ha estado a disposición de las víctimas para facilitar la transmisión de su documentación a letrados y a organismos. 

INICIATIVAS POLÍTICAS Y LEGALES 

Para sensibilizar sobre el problema que constituye su objeto y ayudar a la búsqueda de soluciones legales, Stop Estafadores ha mantenido varias entrevistas con representantes políticos, como los encuentros con los grupos parlamentarios de UPyD y PSOE en la Asamblea de Madrid, la reunión con el partido político Ciudadanos, o la reciente entrevista de trabajo con el Grupo Parlamentario del PSOE en el Congreso de los Diputados. 

También la asociación ha recibido el apoyo de destacadas figuras públicas, como fue el caso de Cristina Almeida

La campaña de Stop Estafadores para modificar la legislación y dificultar este tipo de prácticas, impulsada a través de la plataforma Change.org, ha alcanzado el respaldo de una espectacular cifra superior a los 141.000 ciudadanos y en breve esa iniciativa llegará a sus destinatarios. 

REPERCUSIÓN INFORMATIVA 

La actividad de Stop Estafadores ha merecido una muy destacable atención de los medios informativos, con decenas de apariciones. 

Han incluido referencia a la actividad de la asociación, o comunicados o declaraciones de la misma, publicaciones impresas o digitales tales como El País, El Mundo, El Periódico, El Correo, El Diario Vasco, El Diario Montañés, El Norte de Castilla, La Verdad, Ideal, Hoy, Sur, La Rioja, El Comercio, Las Provincias, La Voz de Cádiz, Xornal Galicia, Nueva Tribuna... y medios jurídicos como Lawyerpress, ¿Hay Derecho?, Diario Jurídico, Lex News o El Jurista. 

Gracias a su constante labor, Stop Estafadores ha sido invitado reiteradamente a participar en programas de Televisión Española (La mañana en dos ocasiones, Comando Actualidad y Telediario), de Telecinco (El programa de Ana Rosa), de La Sexta (La Sexta Noticias), de Cuatro TV (Noticias Cuatro), de 13 TV (La marimorena, Más claro agua y El cascabel), de STV Rioja (programa Amor y vida TV) o de La Tele de Internet. 

Y también ha tenido intervenciones radiofónicas en la cadena Ser (Hoy por hoy y Ser Consumidor), en COPE (La mañana), en Radio Intereconomía (El corruptómetro) y en Gestiona Radio (Primera hora). 

OBJETIVOS DE FUTURO 

Esta II Asamblea General será una ocasión especialmente importante para hacer balance de lo conseguido pero, sobre todo, para plantearse nuevos retos y estrategias. Desde la unidad de las víctimas se pueden conseguir muchos avances que de otra forma serían imposibles.

El miércoles 8, otro desalojo provocado por prestamista

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Actualización post 06.07.2015: el Juzgado deja sin efecto el señalamiento del miércoles y concede un plazo para aportar documentación que justifique la existencia de una causa penal. #AsunSeQueda.
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Para el próximo miércoles 8 de julio, a las 6'30 de la mañana, está fijado el tercer intento de lanzamiento de Asun, una vecina del distrito madrileño de Ciudad Lineal, en procedimiento de ejecución hipotecaria instado por un prestamista. Diversos movimientos sociales están convocando a la ciudadanía para intentar detener esta injusticia.

La víctima, de 57 años, con un hijo de 24, denuncia haber sufrido la habitual estafa en préstamos hipotecarios no bancarios que se practica impunemente en nuestro país. El préstamo original se pidió a la firma Finanzas Roda. Como suele ocurrir en estos casos, la deuda se refinancia luego, haciendo constar un capital supuestamente abonado en efectivo que realmente no se recibe, a menudo con la connivencia de unos notarios muy concretos. Cuando Asun tuvo que cerrar su negocio, se quedó sin poder hacer frente a la deuda ilegítima. Quien ejecuta al parecer son, según diversas informaciones aparecidas en medios, Francisco Rodríguez López y María Josefa Malazuelas Blanco. La víctima pidió 50.000 y se le reclaman en vía de ejecución alrededor de 200.000 €.

En ocasiones anteriores el lanzamiento se paralizó gracias a la intervención de los activistas de la plataforma Apoyo Mutuo Ciudad Lineal. En el último intento, desde el Ayuntamiento de Madrid se intentó también mediar. Tras los aplazamientos, se ha fijado nueva fecha para desalojar a la afectada de su casa. 

Quien ejerce como abogado de la víctima es Santiago Landete, que lo fue de Umberto y de Carmen, ambos ya en la calle a pesar de que afirmaban haber sido estafados. Así como se han difundido datos sobre el caso de Asun y sobre las iniciativas sociales de oposición a su desahucio, no existe información pública de las actuaciones jurídicas llevadas a cabo. Hay que recordar que las ejecuciones de este tipo se pueden paralizar automáticamente durante largo tiempo formulando oposición por cláusulas abusivas, con posibilidad incluso de recurso de apelación. Y que también cabe suspender por prejudicialidad penal si se interpone denuncia o querella y se solicita expresamente.

Un fiscal pide tres años de prisión para Antonio Arroyo

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El Juzgado de Instrucción nº 12 de Madrid ha abierto procedimiento penal abreviado contra Antonio Arroyo Arroyo por un presunto delito de estafa, tras haber concluido la fase de instrucción, en el caso de Pilar, uno de los muchos que están abiertos contra este prestamista.

La acusación particular, dirigida por el letrado Carlos Sevilla, ha solicitado condena, como es lógico. Pero lo positivo es que el Ministerio Fiscal (que tantas veces ha adoptado posturas diferentes en casos idénticos) en esta ocasión también ha formulado acusación y pide que el prestamista sea condenado a tres años de prisión con inhabilitación especial y a abonar una indemnización de 12.000 euros a su víctima. Asimismo, solicita que se investigue la situación patrimonial del imputado y que se celebre juicio oral contra él.

Por su parte, la defensa del acusado ha recurrido la decisión del juez instructor de abrir procedimiento penal abreviado y solicita el archivo de la causa, alegando prescripción.

Detención de notario por estafas en préstamos

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Publicación en El País, 09.07.2015

DETENIDOS UN ABOGADO Y UN NOTARIO POR ESTAFAR A MÁS DE 50 ANCIANOS

Una veintena de víctimas acabaron desahuciadas de sus pisos

Rebeca Carranco y Jesús García

Los Mossos d’Esquadra han detenido al notario Enrique Peña y al abogado Francisco Comitre, acusados de estafar a más de medio centenar de ancianos a través de préstamos hipotecarios y créditos, con cláusulas abusivas. Una veintena de ellos fueron desahuciados, según fuentes policiales consultadas por EL PAÍS. Los Mossos han intervenido más de 150 empresas, algunas de ellas fantasma, y bloqueado un centenar de cuentas bancarias implicadas en la presunta estafa. 

La Operación Cocoon—en alusión al filme de Ron Howard, de 1985, en el que unos ancianos recobraban el vigor juvenil tras sumergirse en una piscina—, arrancó hace más de un año, cuando varias personas, de diferentes puntos de Cataluña, denunciaron que después de firma una hipoteca inversa (renta mensual a cambio del valor de un propiedad) o de pedir un crédito personal, veían que en realidad, sin ser conscientes, habían rubricado un contrato de compraventa del piso. Algunas de las víctimas acabaron siendo desahuciadas. 

La investigación cogió forma cuando los agentes comprobaron que en todos los casos denunciados, de Blanes, Vilanova i la Geltrú, Sant Boi de Llobregat, Sant Adrià del Besòs o Vielha, coincidía siempre el nombre del mismo abogado, y, en el 90% de estos, del mismo notario, ambos con despachos en el centro de Barcelona. La policía descubrió entonces un enjambre de empresas y de cuentas bancarias desde donde, presuntamente, la red desviaba el dinero que conseguía con la estafa. 

BANCOS AFECTADOS

Entre los detenidos el viernes pasado hay también un falsificador de documentos y testaferros que acudían a los bancos para pedir créditos sobre los pisos de los ancianos. Una vez conseguidos los préstamos, los testaferros desaparecían, dejaban de pagar las cuotas mensuales, y los bancos pedían ejecutar el aval, que eran las viviendas. En la trama hay afectadas también nueve entidades bancarias, que concedieron los préstamos, y hay denunciados otro notario, dos abogados y dos oficiales de notaría. 

Los detenidos se valían, presuntamente, de diversas modalidades para estafar a los ancianos. Los agentes han encontrado casos de personas con deudas de 20.000 o 30.000 euros, que veían cómo sus pisos iban a ser subastados. Entonces de nuevo un testaferro les ofrecía la posibilidad hacerse cargo de esa deuda y que la persona fuese pagando a plazos con intereses para evitar la subasta. Las víctimas pagaban, pero en realidad nadie saldaba su deuda, por lo que acaban perdiendo su casa. 

Algunos afectados ya denunciaron por la vía civil y perdieron. El titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona ha logrado paralizar el desahucio de varias personas que estaban esperando que les echasen de sus casas. 

Los Mossos analizan ahora toda la información recopilada en los despachos de los dos principales implicados, y no descartan que en las próximas semanas aparezcan más víctimas. 

El fraude de productos financieros asciende, según los investigadores, a cerca de 3.000.000 de euros. Por el momento se ha solicitado el embargo de 150 inmuebles, la intervención de siete vehículos y el bloqueo bancario de 75 empresas y 15 personas. 

Los Mossos que trabajaron en la operación abrieron una caja fuerte en una entidad bancaria del Paseo de Gràcia de Barcelona y realizaron tres entradas y registros en domicilios de Barcelona, Badalona y l’Hospitalet de Llobregat y una en un despacho de abogados de Barcelona. 

En total, los agentes detuvieron el viernes pasado a diez personas, y el juez decretó prisión para nueve. El notario detenido pudo salir de la cárcel después de pagar una fianza. El letrado, que cuenta con un despacho especializado en casos de estafa, permanece en prisión, sin fianza.

ADEVIF, condenada judicialmente a rectificar

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El Juzgado de Primera Instancia nº 74 de Madrid ha dictado sentencia por la que condena a la asociación denominada ADEVIF (Asociación de Estafados Víctimas Financieras), presidida por Rafael Pozo Fernández, a publicar íntegramente un escrito de rectificación, en relación con hechos en los que aludía en términos difamatorios al abogado de Alberche Área Jurídica, Carlos Javier Galán

Esta entidad, formalmente constituida como "asociación de víctimas", vertía diversas falsedades sobre el referido letrado, que ha destacado en los últimos años precisamente por su actuación jurídica y su denuncia pública de las tramas de estafas en préstamos no bancarios. 

El abogado aludido, acogiéndose al derecho de rectificación regulado en la Ley Orgánica 2/1984, no quiso ejercer acción de protección de derecho al honor ni querella por injurias, sino que simplemente pidió a esta asociación que publicara también su versión sobre los hechos que consideraba inexactos, recibiendo la callada por respuesta, lo que le obligó a acudir al amparo judicial. 

En el juicio, ADEVIF, defendida por el letrado Santiago Landete, volvió a negarse de plano a cualquier acuerdo al respecto, lo que obligó al abogado demandante a ratificarse en la demanda y seguir adelante con la pretensión. 

La Magistrada del Juzgado de Primera Instancia nº 74 de Madrid ha dictado finalmente sentencia por la que considera que lo publicado "no puede reputarse exento de la acción de rectificación por exceder, lo vertido en la publicación, de una mera opinión, constituyendo una imputación de hechos que perjudican su buen nombre profesional", mientras que ADEVIF no ha probado en modo alguno "la veracidad de los hechos que imputa al actor". 

Por ello, estima íntegramente la demanda interpuesta por Carlos Javier Galán y condena a ADEVIF a "la publicación íntegra de la rectificación solicitada", que deberá hacerse "con la misma relevancia e idéntico tratamiento que el otorgado a la información cuya rectificación se solicita". 

La sentencia no es aún firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid.

El País: Perder la vivienda por un préstamo usurario

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Publicado en El País, 13.07.2015

PERDER LA VIVIENDA POR UN PRÉSTAMO RÁPIDO DE 19.000 EUROS

Los préstamos entre "particulares" se convierten en el paraíso de la usura

Inmaculada de la Vega. Madrid.

La buena suerte de Ernesto Soriano se acabó convirtiendo en un cúmulo de infortunios. En 2007, el Instituto de la Vivienda de Madrid le adjudicó un piso un 40% más barato de lo que costaba en el mercado. Soriano, de 22 años, vivía con su abuela, de 72. Ambos acudieron al Banco Santander para pedir una hipoteca con la que poder pagar los 19.000 euros de entrada, pero la entidad se lo denegó a los dos. 

Su abuela vio entonces un anuncio de Punto Financiero, una empresa de préstamos que se ofrecía a darles el dinero que podrían devolver en pequeñas cuotas. Para abonarles el préstamo les pidieron las escrituras del piso que poseía la mujer. 

En la notaría, abuela y nieto recibieron un sobre con los 19.000 euros. También estaba presente el prestamista César Ibáñez. Pero la cantidad que firmaron haber recibido era mucho mayor: 37.000 euros y, además, con un recargo del 30% de intereses anuales por retraso en el pago. 

Con los reveses de la crisis y abrumados por deudas que no podían pagar, miles de familias picaron en el anzuelo. En televisión, en Internet, los anuncios de dinero fácil y rápido les llevaron directamente a determinados prestamistas. A veces eran incluso los mismos bancos que les cerraban el grifo los que les hablaban de las empresas de “capital privado” que podrían prestarles para salir del apuro. 

Al principio los prestamistas les tranquilizaban y ofrecían una cantidad hasta que consiguieran “una hipoteca en un banco de primer orden”, con la que poder saldar todas las deudas y quedarse con una cuota mensual asumible. Pero una cosa es lo que les decían verbalmente y otra lo que firmaban en la notaría. 

La firma ante notario de la escritura y letras de cambio hacía que no sospecharan nada y que creyeran que lo prometido verbalmente era lo que figuraba en los numerosos folios, de difícil comprensión, que firmaban también sin consultar con nadie, y siempre presionados para que lo hicieran rápido con diferentes excusas. Lo habitual es que firmaran, sin darse cuenta, que habían recibido una cantidad mucho mayor que la que realmente les daban. Esa era la comisión que se llevaban el prestamista o los intermediarios. 

El préstamo que recibieron Ernesto Soriano y su abuela acabó convirtiéndose en una losa. Cuando quisieron darse cuenta, la situación pasó a ser angustiosa porque no podían afrontar el pago de las cuotas. “Un día llegó la empleada de Punto Financiero con un empleado de Bancaja para que firmase un crédito de 85.000 euros a riesgo de perder la vivienda. Me comprometí a pagar 450 euros al mes hasta 2038. En 2011 me quedé sin trabajo y no podía pagar. Le iban a quitar la casa a mi abuela y tuve que refinanciarlo con Bankia (que había absorbido a Bancaja). Hasta 2060 tengo que pagar 261 euros al mes cuando ya llevo devueltos más de 40.000 euros. En resumen, recibí 19.000 euros pero estoy pagando un crédito de 85.000 euros que no he visto en mi vida. Pagar esa cuota supone, entre otras cosas, que no puedo tener hijos porque no podría mantenerlos”. 

Todo eso sigue ocurriendo. Los prestamistas hacen dos cosas. Por un lado pedirles como garantía algún inmueble, habitualmente su vivienda o la de sus padres, y, después, darles un préstamo a un tipo de interés tan desorbitado, sobre todo en caso de que se retrasen en la fecha de pago, y por un periodo de tiempo tan corto, que se aseguran de que nunca lo podrán pagar. 

En el despacho de los mismos notarios van, una tras otra, víctimas que en ocasiones solo necesitan una pequeña cantidad, como en el caso de Ernesto Soriano. Él, de momento, no ha perdido la vivienda pero otros muchos sí, y en algún caso por un préstamo de solo 10.000 euros. 

En España, el de determinados prestamistas es un enriquecimiento rápido, a la vista de todos y con toda impunidad. Se puede ver en los medios de comunicación y lo vive a diario el abogado del bufete Alberche, Carlos J. Galán, que colabora, entre otras, con la Asociación Stop Estafadores que preside Juan Puche

Tenazmente, desde su blog en Internet, Puche denuncia a un prestamista muy conocido que acumula inmueble tras inmueble —detecta unos 4.000 registrados en su entorno— a cambio de prestar pequeñas cantidades. 

“¿Por qué si son tramas organizadas no prosperan las denuncias en la vía penal?”, se pregunta otro afectado, Antonio Garrido, que vive con la angustia de que su madre pierda la casa. “Es muy difícil probar los hechos cuando se enfrenta la denuncia de una víctima cualquiera con la palabra del notario”, aclara Galán. 

El registrador Rafael Arnáiz explica que si se presta con usura, se puede declarar nula esa cláusula en la vía civil: el prestamista devuelve lo prestado más intereses, si le pillan y no hay más sanción. “Lo difícil es demostrar que no entregó la cantidad que consta en la escritura y que ha habido falsedad de documento público. Apenas se interponen querellas criminales”, dice. 

EL AGUJERO POR EL QUE SE CUELA LA USURA

La ley 2/2009 se hizo para tratar de proteger a los consumidores en los préstamos concedidos por personas o entidades que no fueran bancos. Pero algunos prestamistas han sabido encontrar un agujero en esa norma. 

La ley establece, para quien preste dinero con carácter profesional, requisitos similares a los de la banca, como los de inscribirse en un registro de consumo, fianza, información previa y oferta vinculante. Notarios y registradores son los encargados de comprobar que todas esas garantías se han cumplido. El agujero por el que se cuelan algunos es el de hacerse pasar por un particular que presta a otro como si fueran socios o amigos. En ese caso, no tienen que cumplir ningún requisito. 

El registrador Rafael Arnáiz propone modificar la ley de 2009 para exigir más transparencia previa, y que se endurezcan las consecuencias civiles y penales cuando haya usura o estafa.

La AP de Madrid obliga a reabrir otra causa contra Arroyo

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Hace unos meses informábamos de un auto de la Sección 16ª de la Audiencia Provincial de Madrid que revocaba el archivo de la denuncia de Miguel Ángel contra Antonio Arroyo Arroyo, acordado por el Juzgado de Instrucción nº 47, y ordenaba la reapertura de la causa

Ahora ha sido la Sección 30ª de la misma Audiencia la que revoca el sobreseimiento de otra denuncia, la de Pilar, contra el controvertido prestamista, y ordena igualmente al Juzgado de Instrucción nº 8 continuar con la investigación  judicial. 

El juzgado había considerado que existía prescripción del posible delito, al haber transcurrido más de cinco años entre la fecha en la que se firmó la escritura y la fecha de la denuncia, pero la Audiencia lo rechaza. Entiende que hay que continuar con la instrucción para comprobar cuándo se produce el perjuicio patrimonial y así hacer correctamente el cómputo. Señala, además, que podríamos estar ante una estafa agravada (y entonces el plazo de prescripción son diez años y no cinco) o incluso un delito continuado de estafa con multitud de perjudicados. 

El auto de la Audiencia, del que ha sido ponente el magistrado Ignacio José Fernández Soto, señala la "flagrante contradicción" del Juzgado, que primero consideró que los hechos podían ser un delito continuado de estafa y se inhibió a favor de la Audiencia Nacional y, cuando ésta rechazó su competencia, estimó que no quedaba acreditada infracción penal alguna. 

La resolución asegura que no es aceptable "esta forma de resolver la denuncia, pues como se queja la apelante, se lesiona su derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de la Constitución. Ni los hechos han merecido una mínima investigación por parte del órgano instructor, adecuada a la naturaleza de lo denunciado, ni se ha dado una respuesta judicial que responda al canon de motivación exigible para dar por concluida la causa penal en esta fase preliminar". 

Por ese motivo, la sala acuerda estimar el recurso de Pilar, defendida por el abogado Carlos Javier Galán, de Alberche Área Jurídica, y ordena al Juzgado continuar con la investigación de la presunta estafa cometida por Antonio Arroyo.

Los préstamos-estafa, en Espejo Público de Antena 3

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El programa de Antena 3 TV Espejo Público, que este verano presenta Esther Vaquero, recogió el pasado 16 de julio el testimonio de Luis Miguel, afectado por la red del prestamista Antonio Arroyo, en una operación en la que participaron como intermediaria la firma Credit Garpi, bajo el nombre comercial de Invercapital

La periodista Marta García entrevistó a esta víctima, que tenía vedado el acceso al crédito bancario. Recibió sólo 4.000 €, pero más tarde descubrió que el capital que consta en escritura es de 18.500 €. Se le hizo creer que firmaba un crédito-puente para luego obtener una refinanciación que pagaría a razón de 150 € mensuales. No sería así: las letras cambiarias por 18.500 €, endosadas de inmediato a terceros, vencían en tan solo seis meses y, al no pagarse íntegramente, comenzó la ejecución contra su vivienda. 

Albert Castillón, colaborador habitual del programa, recordó que el prestamista Arroyo se enfrenta ahora a una petición de tres años de prisión por parte de Fiscalía. Explicó que siempre firma en las mismas notarías y que su objetivo último es apoderarse de la vivienda. "No es un préstamo, es una estafa en toda regla", afirmó. Pilar Cernuda y Chema Crespo se interesaron por el papel de los notarios en estos casos. 

Éste es el video completo del programa y la entrevista al afectado está a partir del minuto 01:15.

Más casos de usureros en Gestiona Radio

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El espacio Primera Hora Fin de Semana que presenta Jaume Segalés en Gestiona Radio, recogió el domingo 19 el caso de Begoña, otra afectada más de las tramas de estafas en préstamos hipotecarios. 

El prestamista en este caso es José García-Rendueles, conocido cabecilla de una red que opera en el Norte de España. Su modus operandi se caracteriza, según las versiones coincidentes de los afectados, por aparecer cuando hay personas con dificultades para hacer frente a una deuda hipotecaria. Consigue que le vendan la vivienda, según las diversas denuncias, o bien haciéndoles creer que es un préstamo y que recuperarán su casa cuando cobren, o bien que habrá un importe sobrante que recibirán y que nunca reciben. Por deudas irrisorias, se queda con inmuebles de valor muy superior, que enseguida revende a terceros.

Es la misma operativa que Begoña relata en su caso: no pudo hacer frente a una deuda hipotecaria que tenía que pagar en sólo un año, porque vio reducido su empleo y sus ingresos de jornada completa a media jornada, y Rendueles adquirió la vivienda prometiendo que saldaría la deuda y le quedaría un dinero, además de poder quedarse con los muebles. La víctima asegura en antena no haber recibido absolutamente nada, pero se quedó sin casa a cambio de una deuda notablemente inferior. El denunciado le busca incluso un piso de alquiler, con lo que consigue que abandonen la vivienda sin tener que instar siquiera el desahucio.

En este enlace puede escucharse el audio de la entrevista, a partir del minuto -19:30 (es cuenta atrás).

El notario detenido y las estafas hipotecarias de Barcelona

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Publicado en El País, 20.07.2015

LA DETENCIÓN DE UN NOTARIO ARROJA LUZ SOBRE LA ESTAFA DE LA ZONA FRANCA

Enrique Peña intervino en la firma de una decena de escrituras que acabaron en desahucio

Jesús García. Barcelona.

Para las familias de Zona Franca que perdieron sus pisos víctimas de una estafa, la detención de Enrique Peña ha sido una bendición. Peña, notario barcelonés, fue arrestado la semana pasada junto a una decena de personas más por participar en una trama que engañó a medio centenar de ancianos con préstamos hipotecarios en toda Cataluña. Casi la mitad acabaron desahuciados. De esta investigación, que está bajo secreto de sumario, se conocen pocos detalles. Pero la implicación de Peña puede dar un giro a la lucha de los vecinos de Zona Franca que llevan años de lucha para recuperar sus viviendas: el notario intervino en al menos una decena de las escrituras firmadas por los afectados entre 2006 y 2009. Ahora le exigen responsabilidades.

Peña ha salido ileso de la causa judicial de Zona Franca y solo está prevista su declaración como testigo. El juicio, que se celebrará en octubre, sentará en el banquillo a la presunta estafadora María Navarro. La mujer afronta una petición de nueve años de cárcel por apoderarse de 1,7 millones de euros de una docena de familias del barrio. El fiscal pide otros tres para su expareja, José Fernández, por ayudarla. Son los dos únicos acusados en una investigación que no pudo ir más allá, pese a que los afectados han descubierto que en casi todos los casos se repiten los mismos nombres, tanto particulares como de empresas.

“Hemos echado en falta que no se investigara al notario ni a los responsables de las empresas prestatarias”, reflexiona Anaïs Franquesa, que defiende los intereses de un grupo de afectados de Zona Franca. “Era alarmante”, añade, “ver cómo en las operaciones se repetía el mismo modus operandi y les escrituras se protocolizaban en la notaría de Enrique Peña”.

Franquesa y el resto de abogados están interesados en conocer qué se cuece ahora en la operación Cocoon, lanzada la semana pasada por los Mossos. La policía detuvo a diez personas, incluidos el notario, el abogado Francisco Cómitre, un falsificador de documentos, testaferros y dos oficiales de notaría. Los letrados confían en conectar, de alguna forma, las dos causas. Eso daría a sus clientes más posibilidades de recuperar lo perdido, ya que Navarro (con antecedentes por apropiación indebida) era solo el “gancho” de las estafas: las deudas están contraídas con empresas. También está interesado en la investigación el Colegio de Notarios, que prevé personarse como acusación en la causa contra Peña. 

El notario barcelonés es el nexo común de las dos macroestafas. Ambas guardan numerosos puntos en común, que los Mossos aún no han explorado. Aunque en la causa de Zona Franca no pudo probarse que Peña actuara de mala fe, la policía cree que, esta vez, ha obtenido suficientes indicios. Es sospechoso, de entrada, que su notaría participara en escrituras de lugares tan distantes como Blanes, Vilanova, Sant Adrià o Vielha. 

“ME QUEDÉ SIN PROPIEDAD"

Mónica Fernández, de 37 años, es una de las afectadas de Zona Franca. Recuerda vagamente su paso por la notaría de Peña. “Pasé allí cinco minutos. Nadie me leyó nada. Firmé y ya está. Fui todo tan rápido que ni me enteré”. Lo que rubricó sin darse cuenta era un préstamo de 200.000 euros a devolver en tres meses. Naturalmente, no pudo pagarlo y, en abril de 2014, fue desahuciada.

Lo que Mónica quería era un “crédito puente” de apenas 30.000 euros: había heredado un piso de su padre en Sant Boi y quería reformarlo. Contactó con Navarro porque era “una persona de confianza” y le propuso poner su piso como garantía a cambio del préstamo. Cuando le asediaron los prestamistas, se desentendió. “Me quedé sin propiedad y con una deuda pendiente de 90.000 euros”.

Para no quedarse en la calle, Mónica —que trabaja en el mercado del pescado de Mercabarna— reventó la cerradura y entró en la casa familiar. “Estoy de ocupa en mi propia casa”, dice con una mezcla de resignación e ironía. “Esperas que un notario sea neutral... No estuve alerta…”, afirma Mónica, que como el resto de afectados guarda cierto sentimiento de culpa.

Irene Sánchez también necesitaba dinero para cancelar una hipoteca. Conocía a Navarro porque sus hijos iban juntos al colegio. Ésta le sugirió que su madre pidiera el préstamo porque tenía un piso libre de cargas que podía poner como garantía. La mujer acabó firmando un papel que le obligaba a devolver 138.000 euros en seis meses. “¿Qué persona firma eso sabiéndolo? ¿Estamos locos o qué?” A su madre, a ella y a los tres hijos menores les desahuciaron. La escritura de constitución de la hipoteca se firmó, en 2007, “ante el notario de Barcelona Enrique Peña”.
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