Los expertos piden mayor control en préstamos no bancarios

Publicado en Lawyerpress.com, 28.10.15 

Lo comentó al principio de esta interesante mesa redonda, José Manuel García Collantes, presidente del Consejo General del Notariado: “Estamos interesados en buscar soluciones a este tema que preocupa a muchas familias”. Y la organización de esta jornada en la que participaron, moderados por Ignacio Navas: Carlos Galán, abogado y asesor jurídico de Stop Estafadores, Fernando Gomá, notario y editor del blog ¿Hay Derecho?, Marta Navas, psiquiatra forense y el Capitán de la Guardia Civil, del Área de Delincuencia Económica, UCO, respondió a esta preocupación tanto de los notarios como de otros agentes sociales. La jornada sirvió para destacar el amplio campo de actuación que tienen estos prestamistas o mafias organizadas que se saltan todos los controles existentes. La falta de una legislación que controle esta práctica, así como de una mayor colaboración entre jueces y policía, impide hasta la fecha una persecución clara de estas prácticas delictivas. Mientras tanto, muchas familias se ven abocadas a situaciones desesperantes: firman un préstamo pero realmente están entregando su inmueble a un prestamista desalmado. Los asistentes coincidieron en que el hecho de que algunas prácticas delictivas se hagan en notarias evita que los afectados adviertan el fraude al que están siendo sometidos. Ha llegado, pues, el momento de trabajar de forma coordinada para frenar este tipo de comportamientos. 

Carlos Galán empezó por casualidad en el mundo de los prestamistas hipotecarios por tratar de ayudar a un amigo que se vio inmerso en una trama. Hoy es el abogado de Stop Estafadores, asociación de carácter nacional de afectados y familiares que han sufrido estas prácticas ilegales. Su intervención, cargada de ironía y repleta de detalles, señala la falta de control existente en los últimos quince años en nuestro país. “El Banco de España no quiso hacerse cargo de esta actividad, la derivó a consumo y ahí las CCAA no han sabido gestionar como debiera esta actividad”. A su juicio la Ley 2/2009 que aprobó Zapatero fue una oportunidad perdida para controlar a estos prestamistas sin escrúpulos, en muchos casos auténticas mafias organizadas que buscan siempre una víctima con un inmueble libre de cargas y asfixiada económicamente para poder presionarle y tras diferentes operaciones de dudosa legalidad quedarse con el inmueble de esa persona. 

Los agujeros de nuestra legislación son clamorosos. El Registro de Prestamistas estatal y autonómicos creado ese mismo año no han valido para nada. “No se puede consultar telemáticamente y que conozcamos no se ha creado ninguno en las respectivas CCAA”, aclaró Galán. Mientras tanto los prestamistas campan a sus anchas. Es difícil localizarles y hasta hace muy poco incluso los propios jueces archivaban estas actuaciones. “Los jueces al principio pensaban que la víctima mentía y que no era posible lo que les pasaba. Luego han pensado que no se podría hablar de engaño porque había consentimiento y la parte afectada sabía lo que firmaba. Ahora parece que advierten que esta práctica puede ser ilegal y que alguien no actuó con corrección”, apuntó. Galán recordó a los asistentes que en algunas de estas situaciones aparecen notarios: “son una minoría, pero forman parte de la trama”, cuestión que evita la duda sobre la legalidad de la operación, operación que en muchos casos genera al prestatario muchos problemas tanto a nivel familiar como de su propia salud personal. 

Entre los asistentes, muchos no daban crédito a lo que escuchaban. No sabemos lo que pensaría Juan Antonio Xiol, magistrado del Tribunal Constitucional quien en un lado de la sala escuchaba a los ponentes.

La intervención de Fernando Gomá, notario y editor del blog ¿Hay Derecho?, resultó muy esclarecedora para saber qué pueden hacer los notarios de cara a ayudar a la prevención de esta práctica delictiva, muy extendida estos años por la crisis económica: “Desde afuera se observa la falta de un organismo único que pudiera gestionar esta práctica, tal y como hace el Banco de España y la CNMV a nivel empresarial. Fue un error que las CCAA desde consumo se ocuparan de esta práctica”, señaló. También recordó la necesidad de simplificar las operaciones de cara a que el prestatario las conociera mejor “podemos utilizar formularios sencillos. Lo más importante es que las medidas que se pongan en marcha supongan que el prestamista pierda el control de la operación, incluso se podría habilitar una cuenta que manejase el notario donde se depositase el dinero del préstamo”, resaltó. 

DESIGUALDAD ENTRE PRESTAMISTA Y PRESTATARIO 

Para este jurista, los notarios que de forma periódica dan parte de operaciones poco claras a sus superiores a través de la informática, pueden tener un papel más activo en este tipo de situaciones donde la desigualdad entre prestamista y prestatario es evidente. “En alguna de estas situaciones se puede estar camuflando una operación de blanqueo de capitales como transfondo más hondo”, recordó. A su juicio se debería poder ampliar el listado de cláusulas abusivas todos los años con la opinión de todos los operadores jurídicos. Desde su punto de vista es fundamental una mayor coordinación entre todas las partes implicadas a fin de frenar esta onda expansiva de fraudes extrabancarios: “es posible que no se pare del todo, pero es evidente que, con la colaboración de todos los agentes implicados, se podría regular mucho mejor este modelo de financiación y poner más trabas a la labor de estos prestamistas que, hoy por hoy, están ganando una batalla muy desigual”, insistió. 

En su intervención, Marta Navas, psiquiatra forense, se refirió a las emociones de las personas, prestatarios en suma, que se ven sometido al engaño. “Hablamos de una práctica que se basa en la mentira y que puede llegar a tener un impacto importante en la salud mental del interesado en lograr ese préstamo extrabancario”, apunta. Síntomas como depresión, ansiedad, insomnio e incluso tentativa de suicidios pueden surgir cuando estas personas advierten que han sido engañados. Un dato que aportó esta experta tiene que ver con la crisis económica: tres de cada diez suicidios están relacionados con las malas condiciones económicas que vive ese ciudadano desesperado. “Lo peor de todo es que no esperan que en una notaría que es síntoma de legalidad le engañen, por desgracia es un elemento clave de cualquiera de las tramas financieras que se conocen”, indicó. 

Sobre como perseguir el delito, Carlos Gallego, Capitán de la Guardia Civil y adscrito al Departamento de Delincuencia Económica UCO, centró su ponencia en explicar cómo se persiguen estas tramas organizadas, “los delincuentes de cuello blanco, sofisticados, con conexiones internacionales y con asesores jurídicos de nivel que les sacan de cualquier apuro se apoyan en tecnologías lo que les hace más temibles”; resaltó. Desde su punto de vista todos estos factores impiden perseguir esta práctica delictiva que se ha generalizado en los dos últimos años: “Sólo a lo largo del 2014 se produjeron 562 investigaciones por estafas; 201 sobre delitos de corrupción y 1072 en cuanto a delitos económicos y otros 200 por falsificación”, apuntó. En este sentido habló del contrato criminalizado donde una de las partes simula cumplir lo pactado para que la otra parte, el prestatario, desembolse el dinero acordado. La dificultad de estas investigaciones radica además en la aparición de testaferros o sociedades instrumentales que impide que se encuentre al verdadero instigador de la trama.

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