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Channel: ESTAFAS DE PRESTAMISTAS
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La AN devuelve las causas a los Juzgados de Instrucción

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Como hemos venido informando, cinco juzgados de instrucción de Madrid, los números 3, 8, 19, 43 y 47, habían coincidido en remitir las causas que instruían contra la trama del presunto estafador Antonio Arroyo a la Audiencia Nacional, por considerar competente a este órgano. Los órganos judiciales apreciaban indicios de estafa continuada, con una pluralidad de afectados repartidos por todo el territorio nacional. 

Ahora, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha rechazado esa competencia, devolviendo los autos a los Juzgados de Instrucción nº 3 y 47 de Madrid, por lo que presumiblemente resolverá en el mismo sentido respecto del resto, conforme se le vayan turnando. 

Tanto los afectados como sus letrados venían sosteniendo que una instrucción conjunta por parte de la Audiencia Nacional implicaría una investigación especializada y a fondo a esta red, con una visión de conjunto que no permite la instrucción aislada de cada caso.

Sin embargo, el magistrado estima que no se acredita aún un número de perjudicados suficiente y que las sumas presuntamente defraudadas tampoco alcanzan un gran volumen que justifique la competencia de la Audiencia Nacional.

El auto asegura asimismo que no parece que "la instrucción sea compleja", dado que "la articulación de la trama defraudatoria es sencilla, lo que no prevería una documental compleja, ni especiales informes periciales, ni otras diligencias que supongan dilación". 

Por descontado, la Audiencia Nacional no exculpa a los denunciados, sino que tan solo acuerda que no le corresponde la competencia y que habrán de seguir investigando los juzgados de instrucción que tenían las causas en origen.

Los abogados de los afectados ya están coordinando diversas actuaciones, tras esta decisión judicial de la Audiencia. 

Cinco Días entrevista a Carlos J. Galán, abogado de afectados

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El suplemento Vida Jurídica del diario económico Cinco Días dedicó el pasado 22 de septiembre su sección Pequeños Despachos a Alberche Área Jurídica, con una entrevista del periodista Carlos Capa al director del bufete, Carlos Javier Galán.

Aunque la mayor parte del texto se centra en su actividad como laboralista, una parte del mismo sí reflejó el compromiso de este letrado con las víctimas de estafas de prestamos de capital privado. Incluso el título -Una nota discordante contra las estafas- hacía referencia destacada a esta labor.

El fragmento al que hacemos mención es el siguiente: 

"(...) A pesar de su reconocido prestigio como laboralista, lo que ha hecho a Carlos Javier Galán un abogado mediático en los últimos años es su quijotesco combate a los estafadores que, aprovechándose de la falta de regulación de los préstamos no bancarios, han tejido miserablemente redes de fraude para apropiarse de los escasos bienes de los amenazados por la crisis y por la indolente falta de regulación por el Estado de  leyes de 'segunda oportunidad'.

El 'no poder decir que no' a un amigo le hizo ponerse sobre la pista de lo que se ha revelado como una 'trama organizada' de estafas. Su constancia y habilidad legal ha conseguido ya que la Audiencia Nacional, después de muchos años de abusos, haya tomado cartas en el asunto. Los múltiples reconocimientos que la labor de este letrado viene desarrollando en esta materia son un estímulo importante que, incluso en términos de advertencia, le quieren colocar los que ver su criminal negocio peligrar (...)".  

Estudio psicológico sobre las estafas en préstamos

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Por Ana Isabel Gutiérrez Salegui, psicóloga forense
Publicado en ¿Hay Derecho?, 01.10.2014

Desde hace algún tiempo parecen haberse extendido en nuestro país las prácticas delictivas relacionadas con préstamos hipotecariosEl fenómeno ha cobrado relevancia mediática y hemos visto cómo muchas familias denuncian haber sido víctimas de este tipo de estafas, que persiguen apoderarse de un inmueble con un ínfimo desembolso económico.
Para ello, los estafadores tendrán que conseguir antes que el propietario, en situación de apremiante necesidad económica, hipoteque su vivienda, firmando ante notario un préstamo con un capital superior al que realmente recibe, unos intereses de demora desproporcionados, un valor de tasación fijado sin ningún criterio de mercado y un plazo de devolución mucho más breve del convenido verbalmente.
¿Es difícil lograr engañar a alguien hasta ese punto? Veremos que no tanto.
Los afectados se mueven luego entre la autoculpabilización por haber caído en la trampa y la doble victimización que se deriva de la incomprensión social y de la escasa atención judicial a sus denuncias. Pero, como tuve ocasión de exponer en las jornadas celebradas en el Colegio de Abogados de Madrid sobre estafas hipotecariasla operativa que despliegan estos delincuentes está sumamente elaborada no sólo desde un punto de vista legal o económico, sino también psicológico.
En una amplia denuncia interpuesta ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, redactada por Carlos Javier Galán, abogado que se ha destacado por la denuncia pública de estas prácticas, se describe, a partir del testimonio de centenares de afectados, el modus operandi más frecuente por parte de estas redes. En lo que se narra acerca del comportamiento de los prestamistas e intermediarios para consumar estas estafas, nada es casual. Ni siquiera aquellos detalles que podrían parecernos menos relevantes. Vamos a analizarlo brevemente a la luz de la psicología.
LA ESTAFA
La estafa suele ser definida como un delito que se ejecuta contra el patrimonio o la propiedad y que se perpetra por medio de un engaño, a través del cual, una persona o grupo, utilizan diferentes estrategias y mentiras para disminuir la percepción de la victima, provocando que ésta cometa un acto de disposición sobre su patrimonio que le ocasiona un perjuicio económico a sí misma o a terceros.
Engañar a una persona puede ser producto de la suerte o de vulnerabilidades previas de la victima concreta. Cuando se trata de un numeroso grupo de afectados es habitual tener detrás un cuidadoso diseño del modus operandi, estudiado para disminuir la atención, la percepción y solventar las precauciones y dudas que, en cualquier persona, cuando está en juego su patrimonio y el de su familia, aparecen.
Si bien aparentemente en el análisis individual parece que puede haber diferencias entre casos, al realizar una apreciación conjunta de toda la casuística se observan con facilidad los patrones comunes. Para ser más concretos, la existencia de un grupo de víctimas, con diferentes perfiles socio-educativos, distintas profesiones y circunstancias, nos indica que, más allá de las diferencias individuales de esa casuística, adaptadas a las circunstancias anteriores, tenemos un estudiado método de distracción y malabarismo psicológico.
En la estafa el modus operandi se articula en torno a la psicología de la víctima, en cómo conseguir que una persona, en las circunstancias adecuadas, por predisposición (situación de necesidad económica) o  creadas artificialmente (ansiedad ante una espera forzada,) disminuya sus defensas (juicio crítico) y acceda a meterse inconscientemente en la trampa que se le ha urdido. Comúnmente se suele decir que en las estafas tiene gran parte de implicación la avaricia de la víctima, pero en el caso que nos ocupa es más bien la situación de desesperación la que, como vamos a explicar, interfiere en la capacidad para hacer que una persona pase por alto aspectos que podrían alertarla sobre un posible engaño. En la avaricia, el sentimiento de base es el deseo; en la extrema necesidad, la ansiedad y el miedo. El estrés continuado de estos sentimientos afecta de forma severa a la atención, concentración, memoria y capacidad de solución de problemas, como demostraron Hayes, JP y Colbs (2012). Sobra decir en este punto que, el marco de la crisis económica actual, con la cuasi imposibilidad de perspectivas laborales, favorece y agudiza este estado psicológico.
La “victima perfecta” para este tipo de engaños tiene una necesidad económica acuciante y una situación en la cual los cauces habituales de préstamo económico le son denegados.
La captación de la victima se realiza a través de páginas de Internet fundamentalmente, cuidadosamente diseñadas para dar una imagen de profesionalidad y seriedad, produciéndose el “efecto halo” descrito por Thorndike (1920) por el cual se produce un sesgo cognitivo que hace que percibamos algo o a alguien como fiable, legal y serio si su imagen nos lo trasmite. Actualmente en marketing esta técnica es muy usada como estrategia para mejorar la percepción de algunos productos. Buscando la explicación en la lógica, la teoría del “efecto halo” se basa en la falacia por asociación, una falacia inductiva por la cual inferimos que las cualidades de un objeto específico se corresponden con las de un grupo general. Las falacias por asociación son un caso especial de ignoratio elenchi que se resumen en el siguiente esquema:
- El elemento A pertenece al grupo B.
- A posee una característica determinada.
- Por lo tanto, todos los elementos de B poseen dichas características.
Para comprender el resto del proceso, es necesario continuar realizando un ejercicio mental de empatía. Contextualizando, las víctimas frecuentemente llevan a la espalda un largo camino de problemas económicos y de búsqueda de soluciones frecuentemente denegadas o infructuosas. Se encuentran en una situación de miedo, estrés, desesperanza y ansiedad. En muchas ocasiones, esto se agrava por la autoimposición de guardar silencio ante familiares, clientes o proveedores, bien por proteger a sus seres queridos, o bien por salvaguardar la imagen de su negocio. Éste es uno de los factores que va a jugar a favor de los estafadores. A muchas víctimas les será imposible consultar la toma de decisiones, dada la ocultación de la situación a su entorno. En otros casos, la imposibilidad de consultar con un abogado vendrá impuesta por la dificultad de pagar sus honorarios.
En este estado psicológico y económico es cuando se produce la llamada de aceptación del préstamo. El hecho de poner su domicilio como aval hace que la persona no perciba que, en ninguno de los casos, se han producido las averiguaciones encaminadas a determinar la capacidad de pago del prestatario.
Hay que ser consciente de que este modus operandi ha sido diseñado y pulido a lo largo de años con el objetivo de hacer desaparecer la mínima suspicacia o resistencia psicológica y ni un solo componente se ha dejado al azar, como vamos a ver analizando la secuencia habitual de los hechos.
FACTOR 1: LA SORPRESA
Las citas en notaría por parte de estas redes delictivas se conciertan con muy poca antelación, generalmente con uno o a lo sumo dos días de antelación.
Normalmente la persona, que ha sufrido denegaciones de préstamos por parte de bancos con anterioridad, no se ha asesorado ni pedido a alguien que le acompañe, ya que no quiere arriesgarse a otra negativa.
El hecho de estar en situación económica desesperada (y que muchas veces se oculta a familiares, amigos o clientes por motivos obvios) impide pedir consejo.
La falta de capacidad económica disuade también de consultar con un abogado o un asesor.
FACTOR 2: LA INMEDIATEZ
"Siempre se le informa de que tiene concedido su préstamo, la solución a su problema, pero se le advierte de que, en caso de no poder firmar ese día, la operación se tendrá que aplazar “sine die”, alegando diversas excusas para ello (viaje del prestamista, posibilidad de que se adelante otro prestatario y luego no se encuentre capital, etc., etc.)” (De la denuncia ante la Fiscalía de la AN).
Este factor coloca a la víctima en una disyuntiva: si no accede seguirá en su situación de desesperada necesidad (consecuencia segura), si accede puede encontrarse con una situación de riesgo (consecuencia posible). La opción es elegir entre un miedo y un miedo mayor. Aquí se ponen en marcha los mecanismos psicológicos asociados a la negación del riesgo que pueden expresarse de variadas formas. La más simple de ellas, la negación directa: “a mi no me va a pasar”.
La negación puede definirse como impensabilidad. En los diferentes estudios sobre riesgo percibido en marketing, se reseña siempre que “cuanto más urgente sea la necesidad, menos evaluación se realizará”,ergo en un estado de necesidad extrema la evaluación se minimiza y las dudas se disipan a través de los mecanismos de disminución de la “disonancia cognitiva” (Festinger, 1957).
La disonancia cognitiva es un estado de tensión y ansiedad que se produce cuando hay discrepancias o contradicciones entre decisiones, creencias o comportamientos. En la teoría de la disonancia cognitiva, el resultado entre caminos opuestos de pensamiento será el que requiera el menor estrés emocional, en nuestro caso el miedo menor, menos acuciante o menos probable.
Generalmente todos, en una situación de disonancia cognitiva, tendemos inconscientemente a disminuirla para recuperar el equilibrio. Y, para reducirla, podemos comportarnos o argumentar a favor de la decisión tomada, para darnos tranquilidad y convencernos del porqué de esas decisiones, dado que deseamos bajar el nivel de ansiedad que nos produce tal disonancia. De esta manera, analizaremos lo que nos ocurre desde la atención selectiva, dando importancia a los datos que avalen la decisión que queremos tomar e ignorando aquellos que nos generen dudas. En este punto cumplen un papel fundamental la elección del marco -una notaria- y la aparición de referencias a instituciones o entidades bancarias de prestigio.
La disminución de cualquier percepción de riesgo y aumento de ansiedad y miedo se optimiza estratégicamente a través de la idea de que “si no te decides puedes perder la oportunidad”. Esta artimaña, ampliamente utilizada en marketing y en técnicas de venta, la describe perfectamente Vélez León en su libroEl síndrome del gato lleno“El cierre de la venta debe ser provocado por el vendedor a menos que el cliente lo solicite inmediatamente”. Entre las cuatro estrategias de cierre que explicita están:
- Cierre por oportunidad: el vendedor establece una situación de urgencia, necesidad o de unidades limitadas, para crear prisa en el cliente y hacer que éste opte por realizar el pedido.
- Cierre derivado: el vendedor hace entender al cliente que pospondrá la venta, pues existe gran demanda del artículo o algún otro cliente está esperando realizar un pedido urgente.  
FACTOR 3: DISPARAR LA ANSIEDAD MEDIANTE LA ESPERA
“No siempre, pero en un número de ocasiones elevado y muy significativo, estando ya sentados para firmar -no en la sala de espera de notaría, sino ya dentro en la propia sala de reuniones y en la mesa donde se llevará a cabo luego la firma-, de pronto los intermediarios atienden una llamada y alegan alguna excusa por la que el prestamista se retrasa: un atasco, una reunión previa que se ha complicado, etc. Todos esperan pacientemente en la mesa donde ya pensaban firmar de inmediato durante un largo período de tiempo, una o dos horas e incluso en algunas ocasiones más. A veces la víctima tiene previsto regresar a su lugar de origen y tiene ya billete de tren o de avión con hora para ello, que teme que pueda perder…”. (De la denuncia ante la Fiscalía de la AN).
Tras esa larga espera, que reaviva las incertidumbres, inevitablemente la víctima “bajará la guardia”, estará deseando ya firmar “como sea”.
Las alteraciones de la atención, han sido estudiadas entre otros por Eysenk en el Instituto de Psiquiatría de Londres, siendo sus trabajos la referencia en el área. En estudios llevados a cabo sobre voluntarios sanos, pudo demostrar que el componente psicológico de la ansiedad es fuente de fenómenos cognitivos parasitarios, que disminuyen la posibilidad de un correcto tratamiento del estímulo (en este caso la información) y alteran específicamente la capacidad de memoria inmediata operatoria. La competencia entre  información pertinente o adecuada (estímulo)  e información inadecuada (ansiedad), modifica la selectividad de los procesos atencionales y necesitaría un mayor esfuerzo de atención por parte del sujeto. Esto se traduce por una menor eficacia, especialmente observable en tareas más complejas” (Psygnos)
FACTOR 4: LA CONFIANZA EN EL ENTORNO
El escenario en el que nos movemos es fundamental para aumentar o disminuir los niveles de alerta y percepción de riesgo. Una cosa tan simple como es la ausencia de luz puede hacer que sintamos miedo en la misma calle que horas antes transitábamos apaciblemente.
El escenario elegido para desarrollar los hechos, una notaria, hace que la persona perciba como ridícula cualquier prevención previa que haya podido pasarse por su mente.
La profesión notarial goza de bien ganado prestigio social, los ciudadanos tienen una percepción de fiabilidad y de confianza ante un notario.
Y la víctima no sospecha lo que más tarde descubrirá: que unos pocos notarios muy concretos enturbian esta imagen porque están siendo, en estos casos, la excepción a la regla general.
Dentro de los estereotipos socialmente forjados, resulta tan difícil dar crédito a que te puedan estafar “ante notario” como a que te puedan robar en una comisaría o que te pueda apuñalar una monja.
Automáticamente cualquier idea de ese tipo queda clasificada como “idea irracional”. Y, por lo tanto, es descartada.
FACTOR 5: LOS AVALES DE ENTIDADES BANCARIAS
“… Se le hace firmar lo que los presuntos estafadores llaman una “oferta vinculante”, un documento falso, supuestamente expedido por una entidad bancaria, donde al prestatario se le muestra el capital que se han comprometido a entregarle y la forma de devolución futura en mensualidades”. (De la denuncia ante la Fiscalía de la AN).
Cumple la misma función que la elección del entorno: cuando más conocidas sean las referencias que nos enseñan, más contribuirá a tranquilizar las pocas reticencias que, a esas alturas del desarrollo de los hechos, puedan quedar.
Y si nos enseñan un documento con el sello de un banco conocido y que sí recoge las condiciones pactadas verbalmente, ayuda al engaño.
Resulta entonces fácil que el afectado piense que eso es lo mismo que poco después ratificará en la extensa escritura que firmará ante notario, sin percatarse de que el contenido de ésta ya nada tendrá que ver con el de ese documento privado, que no le será entregado y que jamás volverá a ver.
CONCLUSIÓN
Como puede observarse a través de las múltiples denuncias, los elementos repetitivos configuran un escenario que no es casual, sino estudiado para conseguir un objetivo ilícito, una escena teatral desarrollada para engañar al protagonista.
Desde el punto de vista psicológico se trata del equivalente mental a poner una venda en los ojos, es llevar a una persona a un estado en el cual sea fácilmente engañado “porque su cerebro no puede ver”.
En estas circunstancias la víctima -y quiero recalcar que podríamos ser cualquiera de nosotros si estuviéramos atrapados en una “tela de araña similar”-, firma, sin sospechar ni por asomo que haya caído en la trampa perfectamente urdida de una red de estafadores.

La AP de Navarra también anula una ejecución hipotecaria abusiva

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Nos llega la noticia de otra resolución judicial que supone una esperanza para los afectados tanto por préstamos abusivos como directamente por estafas hipotecarias: la Audiencia Provincial de Navarra ha estimado el recurso de apelación de una afectada, Beatriz, y ha sobreseído definitivamente la ejecución que se seguía contra ella. 

La afectada fue víctima de la red del prestamista Antonio Arroyo Arroyo, imputado por presunta estafa en numerosos juzgados. Tras el habitual endoso de letra cambiaria, el procedimiento hipotecario fue instado por la empresa Pacnum Once, que forma parte del entramado societario de Francisco Hidalgo Manzano, supuesto "inversor" que habitualmente ejecuta créditos de esta trama. 

La ejecutada alegó oportunamente la existencia de cláusulas abusivas, pero el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Pamplona desestimó su oposición, imponiéndole las costas y mandando seguir adelante la ejecución.

Sin embargo, el abogado de la víctima, Ignacio Monreal Fernández, interpuso recurso de apelación contra el auto judicial y ahora la Audiencia Provincial de Navarra, como ya hizo anteriormente la de Soria en otro caso, ha venido a ordenar el archivo de la ejecución. 

La sala considera que son abusivas tanto la cláusula que imponía el 29 % de intereses de demora, como la tasación unilateral, en la que el prestamista fijaba el valor de la vivienda en la ridícula cifra de 29.000 euros, algo habitual en esta red para así apoderarse de los inmuebles con mayor facilidad.

A diferencia de otros órganos judiciales, que permiten seguir adelante la ejecución sin las cláusulas abusivas, los magistrados del tribunal navarro consideran en este caso que, tras declarar la nulidad de estas estipulaciones, que son fundamento de la ejecución, la misma ha de ser sobreseída, por lo que ordenan su archivo y el levantamiento de embargos, con imposición de las costas a la firma Pacnum Once, también imputada por presunta estafa en otros casos.

Desalojan de su casa en Zaragoza a una estafada

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Irene, una afectada de Zaragoza, ha sido finalmente desalojada de su vivienda, a pesar de la movilización de los activistas de Stop Desahucios y varios ciudadanos de la capital aragonesa. 

En su día solicitó un crédito en una oficina de la BBK de Zaragoza y su director, al tiempo que le denegaba la operación, le recomendaba contactar con su propia cuñada, prestamista de capital privado. 

La afectada, que tiene reconocida una discapacidad psíquica del 34 %, fue presuntamente objeto de una de las frecuentes estafas: recibió de la prestamista 20.000 € aproximadamente, mientras que en la escritura se reflejaba un falso capital de unos 65.000 €. 

Interpuso denuncia penal contra la presunta estafadora y sus cómplices, que fue sobreseída por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Zaragoza. 

Mientras tanto, el Juzgado de Primera Instancia nº 19 de esa ciudad tramitó la ejecución hipotecaria, en la que fue defendida por el letrado Fernando Díaz Sanz, abogado colaborador de ADEVIF

Irene, en desempleo, no podía hacer frente a la devolución del supuesto capital. A pesar de intentarse la aplicación de los códigos de buenas prácticas para evitar el desahucio de una persona vulnerable, la prestamista consiguió por fin que fuera desalojada de su casa. 

Stop Desahucios de Zaragoza se movilizó contra esa injusta medida, pero finalmente no pudo impedir que la policía ejecutase por la fuerza el lanzamiento de la víctima.

La noticia en los medios:

Telecinco, 09.10.2014
Cuatro, 09.10.2014
- ABC, 09.10.2014
Heraldo de Aragón, 09.10.2014
El Periódico de Aragón, 09.10.2014
El Periódico de Aragón, 10.10.2014
Ara Info, 09.10.2014

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(Fotografía: Pablo Ibáñez, Ara Info)

Detenido en la Operación Púnica un colaborador de Arroyo

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Como es sabido por los medios informativos, tras una investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y de la Fiscalía anticorrupción, el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional ha ordenado la detención de varios políticos, empresarios, funcionarios y colaboradores en el marco de la operación denominada Púnica Granatus

Queda así al descubierto una amplia trama de corrupción destinada al tráfico de influencias en varios Ayuntamientos, en la Diputación de León y en varias Comunidades autónomas. La Fiscalía asegura en un comunicado que la connivencia de los cargos públicos con empresas principalmente constructoras y de servicios energéticos sirvió para que obtuvieran adjudicaciones públicas por un valor aproximado a 250 millones de euros en los dos últimos años, a cambio de comisiones ilegales. 

Entre los 51 detenidos en la operación aparece de forma destacada el nombre de un empresario de Valdemoro (Madrid) desgraciadamente conocido por muchas víctimas de estafas en préstamos hipotecarios. David Marjaliza Villaseñor es la cabeza visible de un entramado societario de un centenar aproximado de firmas, entre las que se encuentra TPC Gestiones Consulting Inmobiliario, S.L., que fue objeto de un registro policial en su sede de Pinto. 

TPC Consulting es una de las empresas utilizada por la red del prestamista Antonio Arroyo Arroyo, imputado en varios juzgados por estafas, para ejecutar sus créditos y desalojar a las víctimas. Esta sociedad adquiere formalmente títulos cambiarios de Arroyo e insta la ejecución hipotecaria contra los afectados. 

Hace más de un año, el hoy presidente de la asociación Stop Estafadores, Juan Puche, ya aludió en una entrada de su blog personal Alerta Trama Estafadores a la vinculación existente entre el ex alcalde de Valdemoro Francisco Granados, el empresario Marjaliza y el prestamista Arroyo. Hoy la investigación policial y judicial ha venido a confirmar aquellos indicios y los tres nombres aparecen unidos por oscuras relaciones, sobre las que esperamos que la Justicia llegue hasta el final.

En 13 TV, la conexión entre corrupción política y estafas hipotecarias

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El espacio La Marimorena, que dirige y presenta Carlos Cuesta en 13 TV, prestará atención este domingo 2 de noviembre a la operación Púnica, que ha descubierto una trama delictiva basada en la ilegal connivencia entre cargos políticos corruptos y empresarios sin escrúpulos. 

Entre sus invitados, este debate de actualidad que se emite a partir de las 21'30 h., contará con la presencia del abogado de Alberche Área JurídicaCarlos Javier Galán, asesor jurídico de la asociación Stop Estafadores, quien explicará los lazos existentes entre uno de los personajes claves de esta red, David Marjaliza, y la principal trama de presuntas estafas en préstamos hipotecarios de nuestro país, encabezada por Antonio Arroyo

La vinculación entre la trama Arroyo y la red Púnica, en El País

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El diario El País ha recogido unas declaraciones del abogado de Alberche Área Jurídica Carlos Javier Galán, en relación con la vinculación existente entre las sociedades de David Marjaliza, detenido en la operación Púnica, y Antonio Arroyo, prestamista imputado por numerosas estafas. 

El periodista Joaquín Gil dedica un reportaje de investigación al "conseguidor" Marjaliza, cuyo último párrafo alude expresamente a esta relación:

"Los tentáculos del conseguidor conforman una red de 91 empresas. La madeja apunta vínculos con conocidos de los tribunales. Uno de ellos es el prestamista imputado por estafa en varios juzgados de Madrid Antonio Arroyo Arroyo. Sociedades de Marjaliza adquirieron créditos hipotecarios a Arroyo para propiciar el desahucio de sus viviendas, según el abogado Carlos Javier Galán. EL PAÍS ha intentado sin éxito contactar con el prestamista, uno de los reyes de los créditos exprés en España".

En 13 TV, trama de corrupción política y de estafas en préstamos

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Como habíamos anunciado aquí, La Marimorena, programa dirigido y presentado por el periodista Carlos Cuesta en 13 Televisión, incluyó en su debate de actualidad del pasado domingo un debate sobre la operación Púnica, una de las tramas de corrupción político-empresarial  recientemente destapadas. 

Asistió como invitado el abogado de Alberche Área JurídicaCarlos Javier Galán, que asesora a la asociación Stop Estafadores, para hablar de una de las firmas de esta red corrupta, TPC Gestiones Consulting Inmobiliario

Esta empresa, cuya sede fue objeto de registro policial, forma parte del centenar de sociedades que el detenido David Marjaliza utilizaba para su actividad delictiva, vinculada a adjudicaciones públicas irregulares, pero la misma también adquiría créditos de la red del prestamista Antonio Arroyo Arroyo para ejecutarlos y desahuciar a las familias de sus viviendas. 

En este vídeo se incluyen varios fragmentos del programa: la introducción que hizo Carlos Cuesta en la que menciona estos hechos citando a la asociación Stop Estafadores, el reportaje que ilustró el debate y la intervención del letrado Carlos Javier Galán.

La Fiscalía de Aragón estudiará las estafas en préstamos privados

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Publicado en El Periódico de Aragón, 10.11.14

Fraudes hipotecarios
LA FISCALÍA ARAGONESA ESTUDIARÁ LAS ESTAFAS HIPOTECARIAS DE CAPITAL PRIVADO
El fiscal abre diligencias informativas y se reunirá con los afectados, que han perdido sus casas.
La asociación de víctimas ADEVIF formaliza su registro en el departamento de Consumo

F. Mantecón. 10/11/2014

El fiscal superior de Aragón, José María Rivera, se reunirá próximamente con los representantes de Asociación de Víctimas de Estafas Financieras (ADEVIF) en la comunidad, que acaban de formalizar su inscripción en el registro de colectivos autorizados por Consumo. El ministerio público ha abierto diligencias informativas sobre estas tramas en las que, aparentemente, actuarían financistas privados en connivencia con algunos notarios. Lo hace tras el interés que ha despertado el tema, en los últimos meses, en políticos, jueces, notarios y asociaciones de consumidores. Según la asociación -no hay estadísticas disgregadas- este tipo de estafa podría estar detrás de hasta el 30% de los desahucios de particulares. 

ADEVIF, constituida por el andorrano Rafael Pozo, nació hace unos años con vocación nacional, pero para facilitar la protección de los asociados en cada territorio ha comenzado a inscribir filiales regionales, hasta ahora en Valencia y Aragón. Su campaña de concienciación ha llegado a las Cortes de Aragón, a la DGA -en una reunión con Consumo- y, ahora, a la Fiscalía. 

Los tribunales han sido hasta ahora un obstáculo para las víctimas, que en la mayor parte de los casos ignoraban que hubiese más casos como el suyo. Y los jueces han optado mayoritariamente por archivarlos porque, de no verse como conjunto, los asuntos en su mayoría carecen de prueba más allá del testimonio de la víctima. Con eso es con los que cuentan los presuntos estafadores, cuyo máximo exponente es el empresario Antonio Arroyo Arroyo, que cuenta con cientos de denuncias en toda España, algunas también en Aragón. 

MODUS OPERANDI

El esquema de actuación de estas tramas, con ligeras variantes, comienza con un préstamo privado, al que las víctimas recurren por estrecheces económicas que el banco no quiere o no puede aliviar. Al no obtener crédito por vía normal, acuden a estos chiringuitos financieros, que les ofrecen dinero fácil con un plazo de devolución corto -normalmente seis meses- y con un interés que roza la usura, pero aparentemente asumible. 

El problema, y ahí es donde entraría la estafa, es que ni siquiera les llegan a dar lo que les ofrecen. En la notaría firman la entrega de más dinero del que les dan, unas veces con engaño y otras con la promesa de que se lo darán un poco más adelante. Como garantía, sabiéndolo o no, han puesto su casa. 

De esta forma, cuando se agota el plazo, rara vez han podido reunir no ya los intereses que firmaron, sino los que creían haber pactado. En algunas ocasiones, el prestamista ni siquiera está en el lugar donde figuraba su sede, de forma que aunque tengan el dinero no pueden devolverlo. 

Es entonces cuando el presunto estafador ejercita la opción por la casa puesta como aval, y la subasta o compra a un precio ridículo. En el otro lado de la balanza, el estafado pierde su vivienda por poquísimo dinero. Y para colmo de males, en muchos casos el impago sigue corriendo con unos intereses de demora incluso del 29%, generando deudas millonarias que no se cubren ni con la vivienda. 

Sin embargo, lo que llega al juez es un documento firmado en condiciones quizá injustas, pero aceptadas como contrato privado con el firmante. Y solo cuenta con su palabra de que lo firmado no es lo acordado, lo que en un proceso penal no sostiene abierto un caso. En otras vías, el aumento de la protección al consumidor que ordena Europa ha ido permitiendo anular las cláusulas abusivas, pero en este tipo de contratos Estrasburgo todavía no ha entrado con la contundencia necesaria. 

EL COLEGIO DE NOTARIOS DE ARAGÓN NO HA RECIBIDO QUEJAS 

Francisco Picazo, decano del Colegio de Notarios de Aragón, aseguró que no tiene constancia de que al organismo haya llegado ninguna denuncia por malas prácticas de este tipo. El colegio nacional sí remitió a todas las comunidades una circular en la que instaba a los profesionales a leer cuidadosamente los contratos a los firmantes, algo que al parecer se estaba relajando, para evitar estos fraudes. Picazo recordó que entre los derechos del usuario está el asesorarse previamente y el de elegir notario, algo que puede evitar esta presunta connivencia con los prestamistas. 

Las víctimas 
“NO SOMOS NADA, NI ESTAFADOS” 
Los afectados se encuentran desamparados por una legislación que no les recoge específicamente. 
La “conciencia judicial” cristaliza en algunas sentencias favorables. 

"Yo no puedo devolver lo que debo. Asumir que has sido estafado es duro, pero es que no somos ni estafados, no somos nada", lamenta Fernando Ortiz, tesorero de la Asociación de Víctimas de Estafas Financieras (ADEVIF) en Aragón, y afectado por una de ellas. Su mayor desconsuelo no parece ser el timo en sí, sino el no saber a dónde acudir. "Ni siquiera pretendo acabar con esta gente -admite, con aire derrotado-, lo que quiero es que se nos reconozca como víctimas de una estafa", asegura. 

En su caso, a raíz de darle poderes a un familiar para hacerle avalista de un crédito de unos 8.000 euros, al poco tiempo se encontró con la llamada de un prestamista desconocido. "¿Sabes que me debes 40.000 euros?", le espetó. Ortiz, lógicamente, se quedó helado. 

Ahora ha perdido una casa en la que había invertido años de trabajo, un edificio histórico de Zaragoza, valorado en 1,2 millones, por una deuda que ni siquiera era suya. En el colmo de la desdicha, su deuda de intereses ha crecido hasta los 230.000 euros, y sigue teniendo que pagar obras al ayuntamiento a cargo de unas subvenciones para arreglar el edificio que ya no es suyo, ya que las recibió al ser un Bien Cultural. "No hay forma de hacerles entender lo que ha pasado", lamenta. 

La situación de Ortiz la comparten muchos, pero hay motivos para la esperanza. En palabras de Santiago Landete, el abogado madrileño que actualmente lleva los casos de Adevif -el anterior se centró en los del prestamista Antonio Arroyo Arroyo (*), que acumula más de cien él solo- está "empezando a despertar la conciencia judicial con estos casos". 

Los prestamistas suelen escoger gente de bajo perfil formativo y agobiados por necesidades económicas, aunque este perfil no se cumple en varios de los casos aragoneses que han trascendido hasta ahora. "Acaban con las deudas pero al archivar los casos el juzgado, se suelen rendir. No conocen otros casos como el suyo, y eso es lo que queremos cambiar", explica el abogado. 

Para ello han mantenido ya reuniones con la Federación de Colegios de Notarios españoles, que tras la inhabilitación de un par de profesionales en Madrid ha tomado cartas en el asunto. Los grupos económicos de la Policía también están al tanto de la problemática, y en una reunión de jueces celebrada este verano en Alcañiz también se trató, tangencialmente, el asunto. 

Recientemente, la asociación recibió una buena noticia desde Soria, uno de cuyos jueces anuló uno de estos contratos privados por sus cláusulas abusivas. La sentencia fue ratificada por la Audiencia Provincial soriana. En este caso, la víctima había pedido 8.000 euros a un avalista, con unas condiciones por las que, en seis meses, su deuda había crecido hasta los 85.000 euros. Además, su casa había sido tasada por el prestamista en algo más de 100.000 euros, cuando superaba los 300.000. La notaría madrileña en cuyo despacho se firmó el trato ya está inhabilitada. 

LA ASOCIACIÓN ACONSEJA INFORMARSE SOBRE EL PRESTAMISTA Y ASESORARSE

ADEVIF ofrece en su blog información sobre los implicados en estas redes que han encontrado hasta el momento, y teléfonos de contacto para los que crean que han sido víctimas de estas prácticas. También una serie de consejosútiles (**) para los que tengan la intención de pedir un préstamo privado. Entre los más importantes: 

- Tener claro con quién se está tratando. Desconfiar de los contactos intermedios, o de webs que no aclaran a qué empresa pertenecen. 
- Informarse en internet sobre el prestamista, una vez asegurada su identidad. 
- Conservar todos los documentos que se reciban o envíen (cartas, correos electrónicos, mensajes de texto) en la tramitación del préstamo. 
- Pedir con antelación en la notaría la oferta vinculante --el contrato--, y asegurarse de que son las mismas condiciones que se han acordado previamente. No firmar el mismo día (suelen actuar con mucha prisa para evitar que el cliente pueda leer detenidamente los documentos). 
- Contar con el asesoramiento de un abogado, o al menos de un testigo en la notaría. 
- Consultar todas las dudas al notario (los prestamistas suelen aconsejar "decir que sí a todo"). 
- Asegurarse principalmente de no firmar poderes a favor del prestamista. 
-Conservar el cheque desde el momento de recibirlo, sin firmarlo. 
- No renegociar la deuda con el prestamista, ya que puede aumentarla.
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Notas: 

(*) Esta afirmación se corresponde con una información falsa facilitada al periodista por ADEVIF. El anterior abogado colaborador de la asociación, Carlos J. Galán, además de los casos de Arroyo, llevó los que los socios de ADEVIF le encomendaron que no eran de Arroyo. De hecho, todos menos el del presidente los continua llevando a día de hoy a petición de los interesados.

(**) ADEVIF no lo indica actualmente en su web, pero tales consejos son los que elaboró el despacho Alberche Área Jurídica. Aunque no citen procedencia y los hayan copiado tal cual, bienvenido el plagio si ello sirve para evitar nuevos afectados. 

Oficial de notaría se querella contra Presidente de Stop Estafadores

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El Juzgado de Instrucción nº 13 de Madrid ha dictado auto de preparación de juicio oral contra el Presidente de nuestra asociación, Juan Puche, por presuntos delitos de injurias con publicidad, tras la querella interpuesta por Javier Becero Encinas.

La asociación STOP ESTAFADORES quiere manifestar su solidaridad con nuestro máximo representante y agradecerle afectuosamente que lleve ya varios años dando la cara contra las redes mafiosas de estafas en nuestro país. 

En relación con el querellante, Juan Puche no ha dicho nada que no sea verdad. Y por eso podemos hacerlo nuestro sin ningún tipo de miedo: 

- Es un hecho objetivo que Javier Becero Encinas trabaja como oficial de la notaría de José Usera y Julia Sanz en Madrid. 

- Es un hecho objetivo que varios afectados han denunciado penalmente a esos dos notarios en distintos procedimientos judiciales. 

- Es un hecho objetivo que en dicha notaría se firmaron una gran cantidad de préstamos por parte de la red de Antonio Arroyo Arroyo. 

- Es un hecho objetivo que en esa notaría la policía detuvo a Antonio Arroyo Arroyo y varios de sus cómplices. 

- Y es un hecho objetivo que, en sede judicial, el prestamista Antonio Arroyo Arroyo ha declarado que su interlocutor en la notaría era Javier Becero Encinas. 

- Obviamente, Javier Becero Encinas no ignora todos estos datos. 

Por lo demás, resultan altamente significativas dos cosas: 

- Una, que ni el prestamista Arroyo ni los notarios se hayan atrevido a plantear una denuncia similar contra Juan, no sea que acabe teniendo un efecto boomerang y se investigue si lo que dice sobre ellos es cierto. Y que tenga que ser un secundario, el oficial de la notaría, el que plantee la querella. 

- Y otra, que si Javier Becero quiere desmarcarse de estos hechos, pida al Juzgado que cite como testigo ¡a Antonio Arroyo!, es decir, precisamente a su asiduo cliente imputado en numerosos juzgados por estafa y otros delitos. Cuando menos, es una curiosa forma de desvincularse y limpiar su imagen. 

Salvo que se estimen los recursos contra el auto, Juan Puche podría ser juzgado por decir verdades como puños. 

Ya quisieran las decenas de familias que denuncian haber sido estafadas por la trama Arroyo que sus casos merecieran el mismo celo y atención que la querella de Becero. 

Lamentablemente, en nuestro país estamos acostumbrados a que los procesos a presuntos delincuentes se prolonguen durante años, mientras se juzga con celeridad a quienes se atreven a denunciarlos. 

Pero, por si alguien se hace falsas ilusiones, ya les anticipamos que no nos van a callar. El blog de Juan Puche lleva denunciando desde hace tres años una red presuntamente delictiva, investigando, ofreciendo datos y sirviendo de referencia y de unión a las familias afectadas. Acaba de superar las doscientas mil visitas, lo cual da una idea del alcance de estos hechos y del interés que despiertan. Por eso está en el punto de mira de todos los imputados y de sus más cercanos colaboradores, que quieren silenciarlo a toda costa. Pero si el objetivo es acallar a Juan Puche, deberían recordar el efecto multiplicador que tiene la censura.

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(Fotografía: fachada del edificio de la Notaría Usera y Sanz, imagen de Google Street)

Desahuciada mujer de 85 años por prestamista privado

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Una mujer de 85 años, Carmen, fue desalojada judicialmente el pasado viernes de su vivienda, donde residía hace medio siglo. La presencia de activistas de la Plataforma de Afectados de la Hipoteca y de un nutrido grupo de ciudadanos fue reprimida policialmente para poder llevar a efecto el lanzamiento, que había sido suspendido en una ocasión anterior.

La actuación tiene su origen en un préstamo suscrito para su hijo Luis con un prestamista de capital privado por 40.000 €, que ha dado origen a una reclamación de 77.000 €. El prestatario se quedó en el paro y no pudo devolver ese capital. La madre tiene una pequeña pensión que tampoco le permite hacer frente a esa deuda.

Por lo que ha trascendido, el ejecutante se llama Francisco Gómez Montoya. No admitió negociar y se acabó quedando con un piso en la calle Sierra de Palomera que vale mucho más que la deuda. 

Como muy bien explicaba la PAH de Vallecas a los medios informativos, "al ser un prestamista particular la negociación es más complicada porque este tipo de gente va directamente a por la casa", algo que venimos denunciando desde aquí hace ya tiempo. Añade la Plataforma que incluso "muchos son conscientes cuanto te dan el préstamo de que no vas a poder pagarlo". 

Posteriormente trascendió que el Rayo Vallecano se hará cargo de pagar un alquiler para que Carmen pueda tener una vivienda. 

La noticia en otros medios:

- El País, 21.11.2014
- El Huffington Post, 21.11.2014
- El Diario, 22.11.2014

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Fotografía de Andrés Kudacki

El Supremo declara abusivo el pagaré en determinados préstamos

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El Tribunal Supremo ha dictado, con fecha 12 de septiembre de 2014, sentencia en recurso de casación, que considera abusiva y, por tanto, nula, aquella condición que suponga, en contratos de préstamo concertados con consumidores, la firma por el prestatario y/o el avalista de un pagaré como garantía de la obligación. 

El alto tribunal considera que esta cláusula introduce desequilibrio entre las partes y se incluye en exclusivo beneficio del prestamista. Éste elude los controles administrativos, notariales y registrales que debería suponer la escritura pública y, sin embargo, accede mediante el pagaré a un procedimiento judicial privilegiado, en detrimento de las garantías del consumidor.

En el juicio cambiario, además, el pagaré será complementado por el prestamista con base en una liquidación realizada unilateralmente por él.

Aunque este blog se centra en las redes de estafas en préstamos de capital privado y, por tanto, en actuaciones delictivas, hay cuestiones civiles que pueden tener interés en orden a la defensa de los afectados. Y ésta es una de ellas. 

La sentencia abre la puerta a que, con fundamento en esta doctrina del TS, pueda alegarse la abusividad de la cláusula que imponga la firma de un pagaré en préstamo suscrito en documento privado, no en escritura pública.

Lo mismo sería aplicable si se firma letra de cambio en lugar de pagaré, que es también una práctica muy habitual, si bien reiteramos que la sentencia se refiere sólo a préstamos que no se concierten ante notario.

En El Mundo, el prestamista que desahució a Carmen

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Publicado en suplemento Crónica de El Mundo, 30.11.14.

"La casa es para vivir yo", mintió al nieto 
EL FERROVIARIO USURERO QUE SE QUEDÓ CON LA CASA DE LA ANCIANA CARMEN
-Discreto, de vida modesta, 56 años, su pareja cuida ancianos... 
-Y hay más como él sacando tajada de esta crisis con intereses 'leoninos' 
-Un solo usurero se ha quedado con 3.800 viviendas 

Ana María Ortiz

Definición de usurero de la RAE: "1. Usurario (perteneciente a la usura). 2. Persona que presta con usura o interés excesivo. 3. Persona que en otros contratos o granjerías obtiene lucro desmedido". 

El usurero Francisco Gómez Montoya, de 56 años, es un tipo extremadamente discreto, muy callado y sobre todo cauteloso. El pasado martes, cuatro días después de que echara a la calle a la anciana Carmen -su desahucio ha acaparado estos días las portadas de todos los periódicos- arrancó el nombre del buzón de su piso, quizás por precaución ante el temor de que los medios de comunicación lo localizaran. Se trata del 4ºA de un sobrio edificio en Fuenlabrada (Madrid), donde vive desde hace 14 años con aparente sencillez y donde es un absoluto desconocido. Sus vecinos de rellano, puerta con puerta, no saben su nombre de pila, no saben que trabaja en Renfe, no saben que en sus ratos libres se dedica a la usura. Es decir, que Francisco Gómez Montoya presta dinero, bajo unas condiciones leoninas y difíciles de cumplir, a desesperados a los que los bancos no dan créditos y acaba quedándose en muchos de los casos con las propiedades de los incautos que firman con él. Así ha hecho con la vallecana Carmen Martínez Ayuso, sin techo a los 85 años, cuyo piso y plaza de garaje ya tiene registrados a su nombre.

Estos últimos días, el usurero ha estado especialmente ocupado. El jueves pasado, sin ir más lejos, a las 10:54 horas exactamente, se presentó con un auto judicial en el Registro de la Propiedad de Guadarrama (Madrid) para inscribir a su nombre un local comercial en Los Molinos (Madrid) obtenido con los mismos métodos que el piso de Carmen. Le prestó un dinero a Deogracias Antón y María Ángeles Martín con un interés de demora del 25% -en el caso de Carmen ascendía al 27%- y ha acabado quedándose con la propiedad de la pareja. "Se adjudica a Francisco Gómez Montoya la finca registral: la finca número 4173 de Los Molinos, y se ordena la cancelación del crédito... Guadarrama, a las 13.00 horas del 27 de noviembre del año 2014", se lee en la nota simple del Registro de la Propiedad, en poder de Crónica. Deogracias y Mari Ángeles, además, tienen en peligro otra finca, también vinculada a un préstamo con él.

En espera de lo que pueda suceder con esta última propiedad, lo cierto es que en sólo 10 días, Francisco Gómez Montoya se ha hecho con tres inmuebles: este local de Los Molinos y la casa y el garaje de Carmen. "Dinero fácil", como dicen algunos de los reclamos con los que echan el anzuelo estos prestamistas particulares.

Las imágenes de su desahuciada más famosa, Carmen, doblada por el dolor al ser desalojada, resultaron tan sobrecogedoras que todos los focos mediáticos han apuntado a la violenta salida de la anciana de su piso, el bajo del número 10 de la calle Sierra de Palomares, en el madrileño barrio de Villa de Vallecas,, obviando lo que sucedía en ese momento en el segundo piso. De haber apuntado las cámaras allí, donde el prestamista esperaba tomar posesión de la vivienda protegido por la policía, se habría encuadrado la cara más desconocida del drama de los desahucios: la de Gómez Montoya y la de otros usureros que como él hacen fortuna a costa de los más golpeados por la crisis.

La Asociación de Estafados Víctimas Financieras (Adevif), que agrupa a un centenar de afectados de prestamistas particulares (*) -casi todos han perdido su vivienda tras sucumbir al reclamo de "crédito rápido, financiación urgente"- calcula que un 30% de los lanzamientos hipotecarios que se producen en España son consecuencia de las "estafas de prestamistas privados". Es decir, que sólo en 2013 -65.182 lanzamientos-, unos 20.000 bienes inmuebles habrían pasado a manos de prestamistas particulares tras ser despojados a españoles que han firmado un crédito ruinoso.

Fijémonos en concreto en el préstamo que el hijo de Carmen, Luis Jiménez, rubricó ante notario con un poder de su madre. Según la escritura de préstamo, Francisco Gómez Montoya le dejó 77.100 euros el 15 de diciembre de 2009 y Luis puso la casa de su madre, valorada en unos 180.000 euros, como aval de la devolución. El usurero en persona, asegura Luis, le entregó "30.000 euros en metálico", tras descontar una parte de intereses que debía pagar por adelantado -15% de interés anual y 27% de demora- y un crédito anterior con otro usurero que Luis aún tenía pendiente de pago. Tres años y dos meses después, el 6 de febrero de 2013, Gómez Montoya le hacía saber que le debía 65.530,78 euros por intereses de demora, más los 77.100 del préstamo, más 23.130 por las costas, ya que el prestamista había iniciado la reclamación judicial de la deuda. En total, Gómez Montoya exigía 165.760,78 euros. Una cifra inasumible para Carmen y Luis.

En las asociaciones de víctimas no tienen fichado a Gómez Montoya (**), pero sí a decenas de estos profesionales de la usura, algunos de los cuales son renombrados. En Stop Estafadores mencionan por ejemplo a Antonio Arroyo. "A base de préstamos con garantía hipotecaria, se ha hecho con 3.800 casas en toda España, hoy tiene los derechos de otras 1.000 hipotecas y acumula 1.000 denuncias", asegura su presidente, Juan Puche.

Mucho más mesurado y sigiloso en sus operaciones es Montoya. Sus vecinos, a tenor del modesto nivel de vida que aparenta, lo tienen por una persona de escasos recursos. De la mujer con la que vive -está soltero-, Manuela, 52 años, de origen extremeño, refieren que se dedica al cuidado de ancianos y llama poderosamente la atención porque viste siempre la misma ropa. Tampoco en su entorno profesional, donde lo apodan "el gitano"por su segundo apellido, sospechaban que el hermético Gómez Montoya tiene el lucrativo oficio de prestamista. Su cualificación profesional es la de "operador comercial especializado N1", lo que comúnmente se conoce como un interventor, y trabaja en la línea de Cercanías que cubre el trayecto entre la estaciones madrileñas de Chamartín y Aravaca.

Nacido en Villapalacios (Albacete) el 6 de abril de 1958, en la biografía de Francisco Gómez Montoya hay un azaroso episodio que lo vinculó durante unas horas con ETA. El 16 de enero de 1987 la Policía detenía a seis miembros del sangriento comando Madrid, -con De Juana Chaos y Antonio Troitiño a la cabeza- y entre el material incautado y distribuido por Interior se incluyó la imagen de un DNI a nombre de Francisco Gómez Montoya, natural de Villapalacios (Albacete). Algunos medios, como TVE, llegaron a publicar el nombre del hoy usurero como el del séptimo miembro del comando, que había logrado huir. En realidad, se trataba del etarra José Martín López-Castañares, quien había pegado su fotografía en el carné que Gómez Montoya había extraviado unos años antes. El error fue corregido enseguida.

Con su DNI en mano y portando una mochila a la espalda acudió el usurero al primer intento de desahucio de Carmen, el 31 de octubre, momento al que pertenece la imagen impresa en estas páginas. El nieto de Carmen, Luis Miguel, intentó mediar con el prestamista y le ofreció pagar un alquiler para que no echara a su abuela. "Necesito la casa para vivir", respondió Gómez Montoya , a quien acompañaba uno de sus dos abogados y uno de sus seis procuradores. Tiene otorgados poderes para que actúen en su nombre en Fuenlabrada, Leganés, Madrid, Collado Villalba y San Lorenzo de El Escorial. 

CINCO OFICINAS A SU NOMBRE

Decía Gómez Montoya al nieto de Carmen que necesitaba la casa para vivir pero lo que parecen sobrarle son precisamente viviendas, aparte de que cuenta con un holgado sueldo como interventor de 45.000 euros anuales. En el Registro de la Propiedad, a fecha de viernes 28 de noviembre de 2014, figuran cinco inmuebles vinculados a Francisco Gómez Montoya: el piso de Fuenlabrada donde reside; la casa de Carmen; el garaje de Carmen; el citado local de Los Molinos recientemente embargado, y un quinto piso en la calle Torres Miranda, en Madrid, cuyo desahucio parece inminente puesto que Gómez Montoya ha iniciado la reclamación judicial. La dueña le debe 76.400 euros de préstamo, 57.300 de los intereses de demora de tres años y 23.628 de las costas judiciales.

Todos los préstamos respaldados con estas propiedades que han acabado en manos de Francisco Gómez han sido firmadas por notarios que trabajan en la misma dirección de Madrid: Serrano, 41. El avalado con la casa de Carmen, ante el notario Ignacio Sáenz de Santa María. El del local comercial de Los Molinos, ante Valerio Pérez de Madrid y Pala. Y el del piso de Torres Miranda, ante Ángel Sanz Iglesias. En Stop Estafadores mencionan Serrano 41 como una de las direcciones notariales más frecuentadas por los prestamistas de Madrid. Allí ha firmado alguna vez también el famoso Antonio Arroyo.

Al habla con Crónica, el pasado jueves, Ignacio Sáenz de Santamaría, el notario ante el que se rubricó el préstamo concedido por Gómez Montoya al hijo de Carmen.

-¿Recuerda usted el caso? 
-¿Se firmó en mi notaría? No lo sabía. Y fíjese que soy muy amigo del entrenador del Rayo [el equipo que se ha ofrecido a ayudar a Carmen pagándole un alquiler] y el otro día lo llamé y le dije: "Si esta señora necesita ayuda, que me llame a ver qué puedo hacer...".
-Y al prestamista, Francisco Gómez Montoya, ¿lo recuerda?
-No, tendría que mirarlo. Este será uno de esos que yo llamo usureros, vamos a hablar claro, son usureros... Aprovechan que la gente está achuchada, les prestan dinero y acaban quedándose con todo. Mira que yo les aviso, pero la gente viene agobiada y por mucho que les expliques las condiciones, que van a acabar quitándole la casa, se ven tan agobiados que firman.
-Luis dice que no se le explicaron bien las condiciones... 
-En mi despacho sí. Siempre antes del escrito en papel timbrado se les entrega la escritura en papel blanco para que la revisen antes de entrar a firmar. Esta señora no tenía que haber firmado el poder a su hijo. ¿Sabe cómo les explico lo que van a firmar? Les digo: "Este es un poder de ruina. Sepa que si usted firma la pueden dejar en la calle".
-¿En su notaría hay algún tipo de connivencia con estos prestamistas usureros? 
-No, no y no. A estos usureros les he ido poniendo todo tipo de dificultades para que no vengan porque no me gustan estos clientes.

La última vez que Gómez Montoya firmó en Serrano 41 fue en diciembre de 2009, precisamente el préstamo concedido con el piso de Carmen como aval. Entre 2002 y 2009, ha rubricado allí un total de ocho préstamos con garantía hipotecaria. Tres fueron cancelados, es decir, los deudores devolvieron el préstamo. Otros tres acabaron, como se ha visto antes, con las propiedades a nombre de Gómez Montoya. A los otros dos, Crónica no ha podido seguirles el rastro.

Con todo, el caso de Carmen no es de los más graves. A fin de cuentas, su hijo rubricó el préstamo por muy abusivas que fueran las condiciones. "En muchos casos, la gran estafa es que se escritura mucho más dinero del que se entrega, o el préstamo se da mediante cheques nominativos que acaban cobrando los propios prestamistas", dice el abogado Aitor Ibarra, quien ha representado a decenas de afectados. "Tengo un caso muy sangrante en Barcelona. Mi cliente recibió 12.000 euros y los prestamistas se quedaron con bienes por valor de 400.000 euros: el piso de su madre de 85 años y un terreno con chalecito". 

En octubre pasado, un juzgado de Cartagena anuló el desahucio de una familia de La Unión que había pedido 23.500 euros a un prestamista barcelonés. Este, aseguró la familia al juez, había escriturado 57.000 euros de préstamo con la excusa de que así se lo exigían los inversores con los que trabajaba y la promesa de que no reclamaría esa cantidad. Pero acabó pidiendo los 57.000 y un 20% de interés anual. Las propiedades que el prestamista iba a ejecutarles valían 300.000 euros. La sentencia, un atisbo de esperanza para las víctimas de los usureros, calificó el contrato de "leonino".

ALOJADA POR OTRA ANCIANA

CARMEN DEL RAYO. "Qué buena es la gente, qué bien se están portando". Carmen, 85 años, repite la frase como una cantinela, sentada en un piso de Vallecas junto a Mercedes, 89 años, la mujer que la ha recogido mientras busca un piso que pagará el Rayo. El equipo vallecano ha abierto una fila cero que se inaugurará el 7 de diciembre frente al Sevilla: 5 euros de cada una de las 4.000 localidades irán a un fondo de ayuda a Carmen. Hasta entonces, tienen poco más de 50 metros y tres mini habitaciones, para seis: las dos ancianas, el hijo de Carmen, su pareja, y las dos hijas de ésta.

DOS USUREROS. Luis, el hijo de Carmen y a quien ésta otorgó poderes, ya tenía una deuda con otro prestamista cuando se puso en manos de Gómez Montoya. En diciembre de 2008 pidió 42.000 euros a Pegerto López con unas condiciones más blandas: un interés anual del 6% y del 22% en caso de demora. Un año después recurrió a Gómez Montoya. Este le dejó 77.100, con los que Luis canceló lo que debía del préstamo anterior. Así, dice, sólo recibió 30.000. Las condiciones eran del 15% de interés anual y del 27% de demora. Tres años después le exigían 165.760 euros.

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Notas:

(*) Este dato que reproduce el artículo y que aparece en algunas webs y publicaciones de prensa está anticuado. ADEVIF prácticamente se ha quedado en la actualidad sin socios, debido a la falta de transparencia, de democracia interna, de actividad y a la actitud de su presidente.

(**) Stop Estafadores no lo tenía "fichado" en el sentido a contar entre sus socios con afectados del mismo, pero su presidente, Juan Puche, sí dio a conocer públicamente ya el 22 de noviembre, antes que otros medios, la identidad de este prestamista en un blog personal. Y precisamente facilitó información para la elaboración de este reportaje periodístico.

El gran negocio de los usureros, en diarios del grupo Vocento

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Por Borja Olaizola 
Publicado en las cabeceras regionales del grupo Vocento: 
El Correo, El Diario Vasco, El Diario Montañés, La Verdad, Ideal, Hoy, Sur, La Rioja, El Norte de Castilla, El Comercio, Las Provinciasy La Voz de Cádiz, 30.11.2014. 

Acudir a un particular para lograr un préstamo es una maniobra de alto riesgo. Cientos de familias han terminado igual que Carmen, la viuda de Vallecas que ha perdido su piso. Un negocio redondo. Al prestamista particular que se hizo la semana pasada con la propiedad del piso de Carmen Martínez Ayuso, la anciana de 85 años de Vallecas cuyo desahucio ha suscitado una oleada de solidaridad e indignación, las cosas no le han podido ir mejor. A cambio de los 40.000 euros que le prestó a su hijo, se ha quedado con una vivienda valorada en 160.000 euros. 

Cuadruplicar la "inversión" inicial no es algo muy común en un negocio, pero el universo del crédito entre particulares es una realidad paralela en la que ocurren cosas inauditas: por 12.000 euros es posible hacerse con la propiedad de un piso en el centro de Barcelona y de un chalet en las afueras de la ciudad que están valorados en 400.000. Lo cuenta el abogado Aitor Ibarra, que consiguió paralizar in extremis el desahucio de la ocupante de la vivienda, una anciana con problemas de salud. "A su hijo se le ocurrió pedir 12.000 euros a un prestamista particular y cuando quiso darse cuenta ya había una orden de ejecución sobre las dos propiedades". 

Otro abogado, Víctor Nieto, explica que uno de sus clientes, un hombre de 64 años, estuvo a punto de quedarse sin su caserío de Olaberria, en Gipuzkoa, por una deuda de 15.000 euros contraída con un prestamista privado. "Logramos que se paralizase la subasta, pero tenemos una espada de Damocles sobre la cabeza porque en cualquier momento puede reactivar la demanda y reclamar la propiedad". Nieto es incapaz de cuantificar el valor del inmueble, una construcción rural de más de dos siglos con sus correspondientes terrenos, pero sabe que supera con creces la cantidad adeudada y que, si el prestamista se sale con la suya, los tres hermanos que residen en el caserío, dos de ellos octogenarios, se quedarán en una situación crítica. 

Los de Vallecas, Barcelona y Olaberria son tres de los cientos de casos de personas que han quedado atrapadas en la trampa de los prestamistas privados. "El perfil es bastante parecido, gente sin posibilidades de obtener crédito en los bancos que necesitan dinero para hacer frente a una urgencia y que tienen una propiedad inmobiliaria libre de cargas", cuenta el también letrado Carlos Javier Galán, que se ha convertido en punta de lanza de la denuncia de los abusos en los préstamos privados. "Hay redes delictivas especializadas en apoderarse de inmuebles a cambio de cantidades ridículas", observa. Él ha interpuesto multitud de denuncias intentando sacar a la luz el entramado, pero hasta ahora lo más que ha conseguido ha sido paralizar algunos desahucios. "Son tramas que funcionan desde hace años con el mismo 'modus operandi' y que tienen de su parte incluso a ciertos notarios", sostiene. 

FIRMAR SIN LEER 

La estrategia de los prestamistas varía, pero hay algo en lo que coinciden: engatusan a su cliente para que suscriba documentos que ni siquiera ha leído. "Lo más común es que la víctima firme ante notario un capital superior al que realmente recibe, con un plazo de devolución brevísimo (de tres a seis meses), con unos intereses de demora abusivos (a partir del 29%) y valorando su vivienda para subasta en una cifra irrisoria. Puede que dicho así parezca una táctica burda, pero la puesta en escena es muy convincente y además está depurada con la práctica de años". 

Un particular tiene tres vías para conseguir un crédito: el banco, la entidad financiera no bancaria y el prestamista individual. En aplicación de una ley de 2009, los dos últimos se sitúan bajo la supervisión del Ministerio de Sanidad y Consumo. "Sobre el papel hay un registro en el que debe apuntarse todo aquel que quiera ejercer de prestamista, pero en la práctica el registro no está operativo y, además, Consumo carece de instrumentos para la supervisión", continúa el abogado Galán. Esa ausencia de control explica la proliferación de particulares que se dedican al préstamo -Internet está lleno de anuncios que ofrecen dinero rápido siempre que haya unas escrituras de por medio- y que operan en los límites de la legalidad. 

No hay constancia de las cifras que se mueven en los préstamos privados. "Algunos analistas estiman que un 20% de las operaciones podrían estar concertándose fuera del mercado bancario", apunta Galán. Hay empresas que se desmarcan de los abusos y que reivindican su buen hacer profesional. "Nosotros nunca aceptaríamos el piso de una madre como aval de un préstamo", se defiende Alejandro Melero, gerente de Crédito Particular Punto Com, un intermediario que opera en internet. "Nuestro negocio es que nos devuelvan el dinero con los intereses pactados; en los tres años que llevamos en el mercado -asegura- no nos hemos quedado con un solo inmueble". 

En las asociaciones de consumidores apelan al sentido común y desaconsejan recurrir a los prestamistas privados: "Poner una vivienda como garantía del pago de un crédito particular significa entrar en una espiral en la que siempre empeoras por muy malo que sea el punto de partida", alerta Fernando Herrero, de Adicae, la asociación de usuarios de bancos. Un pasaporte al infierno, vamos.

Los derechos de Gómez Montoya en el Registro de la Propiedad

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Una de las formas de los prestamistas para burlar la ley es aparecer como particulares y no profesionales. Si no estamos ante un contrato entre profesional y consumidor, sino ante un contrato entre dos particulares, no resulta de aplicación la normativa de consumo que prohibe las cláusulas abusivas.

El prestamista Francisco Gómez Montoya, que instó la ejecución hipotecaria contra Carmen, la mujer de 85 años que fue desahuciada de su vivienda en Vallecas, aparentemente es un empleado ferroviario que no se dedica profesionalmente a la actividad del préstamo. 

Pues bien, en la práctica podemos asegurar que sí estamos ante un profesional encubierto. No hay más que acudir al Registro de la Propiedad para darse cuenta de ello.

En la actualidad, Gómez Montoya tiene al menos cuatro propiedades vigentes: su propia vivienda familiar en Fuenlabrada, la vivienda y la plaza de garaje que le quitó a Carmen, y un local comercial que embargó a otra familia en Los Molinos. 

Pero si consultamos las titularidades no vigentes (hipotecas ya canceladas, adjudicaciones ya vendidas a terceros, etc), resulta que en los últimos años Gómez Montoya ha tenido, con seguridad, derechos inscritos sobre otros 13 inmuebles más: uno en Calpe (Alicante), cuatro en Los Molinos (Madrid), siete en Madrid capital y otro más en Fuensalida (Toledo).

Además de esto, aparecen otras propiedades que no sabemos con seguridad si son suyas o de otra/s persona/s con su mismo nombre y apellidos (antiguamente no se inscribía el NIF y de ahí la falta de certeza). Si fueran suyas, tendría otras dos titularidades actualmente en Quintana de la Serena (Badajoz) y Alguazas (Murcia), además de haber tenido en el pasado derechos inscritos sobre 7 inmuebles más: uno en El Ejido (Almería), 5 en Málaga capital y otro en Alguazas (Murcia). 

En total, entre propiedades y derechos reales (posiblemente hipotecas) inscritos a su favor, ha tenido en distintos momentos anotaciones sobre al menos 17 propiedades pero que, si las otras son también suyas, llegarían a un total de 26 inmuebles distintos.

Seguimos comprobando día tras día que la actual normativa sobre préstamos de capital privado no se cumple y que los controles son inexistentes. Al amparo de ello, muchos especuladores están haciendo su agosto y provocando dramas familiares. 

Usura y estafas en préstamos, en La Mañana de TVE1

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El programa La mañana que presenta en La 1 de TVEMariló Montero, abordó el pasado 2 de diciembre la usura de algunos prestamistas privados, así como las redes de estafas delictivas en este ámbito. 

Contó con la presencia de dos afectados por estas prácticas, Mary Yáñez y Javier Gimeno, que expusieron sus respectivos casos. 

También participó como invitado el abogado de Alberche Área JurídicaCarlos Javier Galán, asesor legal de la asociación Stop Estafadores, quien hizo referencias al modus operandi de estas tramas y a las deficiencias del marco legal, ofreciendo también algunas advertencias prácticas. 

Éste es el vídeo de esta sección del programa:

En la web de la Ser: el Registro de Prestamistas no está operativo

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Publicado en CadenaSer.com, 05.12.2014

LA WEB DE CONSUMO SIGUE SIN PUBLICAR EL REGISTRO DE PRESTAMISTAS CREADO EN 2011

La ley que protege a los consumidores, de 2009, ordenaba la creación y publicación de un registro estatal de empresas dedicadas a dar créditos accesible a todos 

Eva Vega. Madrid.

La Agencia Española de Consumo, dependiente del Ministerio de Sanidad, debería haber publicado en su página web un registro estatal de las empresas dedicadas a prestar dinero. La ley que protege a los consumidores frente a los prestamistas, de 2009, ordenaba la creación y publicación de un registro estatal de empresas dedicadas a dar créditos accesible a todos. Ese registro se creó en 2011 pero a día de hoy todavía no se ha publicado y es una fuente de información indispensable para los que acuden a un prestamista para intentar no ser estafados. Desde Consumo, aseguran que no lo han hecho por cuestiones presupuestarias y técnicas. 

Está compuesto de 600 empresas pero para saber cuáles son hay que escribirles un correo electrónico. Es una de las herramientas con las que cuenta el consumidor que decide pedir un préstamo fuera del circuito bancario, cerrado para muchos, para evitar el engaño y a los prestamistas que se declaran particulares pero que en la práctica son profesionales que van a por la vivienda que sirve de aval, como en el caso de la anciana de Vallecas Carmen Martínez

Carlos Javier Galán, abogado de la plataforma Stop Estafadores, advierte de que se ha encontrado casos en los que "un prestamista declara ante notario que es un prestamista particular, que está haciendo esa operación con carácter ocasional. Luego, hacer una consulta en el registro de la propiedad y comprobar que ese mismo prestamista, en los últimos años, ha tenido 500 titularidades inscritas, entre derechos de hipoteca y propiedades. Creo que eso da una idea del descontrol que hay en el sector, de la falta de controles reales", lamenta. 

Según Galán, la estrategia de los prestamistas privados que persiguen el inmueble consiste en inflar el capital, imponer elevados intereses de demora y una tasación de la vivienda muy baja. 

Estar muy bien informado es crucial para no terminar perdiendo la vivienda convertida en garantía hipotecaria. José Manuel García Collantes, presidente del Consejo General del Notariado, explica que la labor del notario cuando se encuentra con un contrato de préstamo de este tipo es avisar al futuro deudor de que "la deuda que garantizando es muy baja y que el piso vale mucho más". Le debe preguntar: "¿Está usted seguro de lo que está haciendo? El notario o quien sea no le puede imponer que no lo haga, pero sí ponerle de relieve las circunstancias concretas de la operación. Que tome su decisión libremente pero con plena conciencia de lo que está haciendo", sostiene Collantes.

Otro desahucio en Murcia instado por un prestamista

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Otro desahucio provocado por un prestamista de capital privado al que se acusa de presuntas estafas. En este caso ha sido en la localidad murciana de Molina de Segura, donde Isabel, una mujer con discapacidad visual, ha sido desalojada de su casa de madrugada con un amplio despliegue policial, con seis furgones, según denuncia la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de la Región de Murcia.

El portavoz de los activistas de la PAH, Joaquín Sánchez, ha asegurado a los medios informativos que el prestamista anunciaba en un diario regional "créditos rápidos" y que varios murcianos podrían haber sido afectados por presuntas estafas. 

El prestamista fue Miguel Latorre Cabrera, de la firma constituida en 1995 como Omarcux, S.L. y que, en 2009, cambió su denominación social a Iniciativa Única 62 S.L. Ha operado, entre otros, con el nombre comercial de Créditos Murcia. Este prestamista ya había instado otros desahucios con anterioridad a éste, por ejemplo el de Antonio e Isa, y el padre de ésta, Paco, en la localidad murciana de Javalí Nuevo hace algunos meses. Su socio, Juan Inglés Rojo ingresó en prisión en 2013 tras una denuncia por otras estafas, mientras Miguel Latorre evitó la prisión pagando una fianza. Se les acusaba no sólo de estafar a los prestatarios, sino también a los inversores privados que les dejaban el dinero para prestar.

En el caso de Isabel, se firmó la hipoteca cambiaria habitual en estos casos, con intereses de demora abusivos y, cuando no pudo pagar, le convencieron para hacer una dación en pago y quedarse en alquiler en su propia casa. Finalmente, el adquirente ha instado el desahucio, Isabel ha sido acogida en casa de una amiga, mientras el presunto estafador se queda su vivienda por una deuda de al parecer 22.000 euros.

La noticia en los medios:

- El Mundo, 12.12.2014
- La Sexta, 12.12.2014
- El Diario, 12.12.2014
- 20 Minutos, 12.12.2014
- La Verdad, 12.12.2014
- La Opinión de Murcia, 12.12.2014
- Diario Sí, 12.12.2014
- El Día, 12.12.2014
- Deia, 12.12.2014
- ETB, 12.12.2014

Entrevista a Carlos Javier Galán sobre 'shadow banking'

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Publicado en el blog Sinking in the shadow, 15.12.2014.

Tras un primer post aludiendo al trabajo que lleva a cabo Alberche Área Jurídica, contactamos directamente con Carlos Javier Galán, titular del despacho, colegiado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

Como abogado , ha llevado a cabo un intenso ejercicio profesional en todos los ámbitos jurisdiccionales. También ha ejercido de profesor, ha dado numerosas conferencias y ha escrito varios libros y artículos jurídicos. Además de multitud de apariciones en los medios, como Onda Cero, Cuatro, La Sexta o TVE. 

Nos dirigimos a él para realizarle una breve entrevista, que no tiene desperdicio, sobre su visión y experiencia con el shadow banking y de lo que este conlleva en el plano jurídico. 

-¿Qué les llevó a especializarse en este ámbito? 

- Seguramente no queda muy glamouroso decirlo, pero la verdad es que inicialmente fue el azar el que me acercó a esta realidad, aunque luego mi sentido de la responsabilidad hizo que me implicara en ella. Mi dedicación desde hace años está centrada con preferencia en una materia completamente ajena a este mundo, como es el Derecho Laboral. Sin embargo, el caso de un amigo al que no podía decir que no, me hizo toparme con un fenómeno prácticamente desconocido y, sin embargo, de grandes dimensiones en nuestro país: las estafas en préstamos hipotecarios de capital privado. Y, aunque no fuera mi área habitual de trabajo, acabé tirando del hilo, primero sorprendido, luego indignado y finalmente concienciado. Y adquirí un compromiso personal y profesional con el colectivo de víctimas de estas prácticas. 

-¿Donde está el limite legal del shadow banking? ¿Donde está el delito si el estafado acepta previamente unos términos? 

-El shadow banking en un concepto amplio que aludiría a todo el sistema de crédito extrabancario y, en principio, no tendría por qué tener connotaciones negativas: la existencia de un sistema de crédito alternativo a los bancos puede resultar muy positivo. El problema es cuando ese sector, como sucede en España, está regulado muy deficientemente y, además, esa escasa normativa tiene un grado de incumplimiento elevado. 

Las estafas de prestamistas son una de las consecuencias de la falta de control. 

En el ámbito civil, aunque el prestatario acepte unos términos de forma voluntaria, si lo hace frente a un profesional y, por tanto, sin capacidad de negociar individualmente las condiciones, hay que aplicar la normativa de consumidores, que protege a la parte más débil. Y pueden existir cláusulas abusivas y, por tanto, legalmente nulas aunque hayan sido aceptadas formalmente. 

El ámbito penal entra en juego cuando ha existido, como es frecuente, un engaño deliberado para que la víctima haga una disposición patrimonial en perjuicio propio, y el consentimiento prestado es fruto de ese engaño planificado. 

-¿Que ocurre cuando la persona estafada gana el caso? ¿Y cuando lo pierde? 

- Si lo gana en vía civil, se declaran nulas las cláusulas abusivas y no se aplican o incluso en algunas ocasiones la nulidad afecta a la operación en su conjunto. Si lo ganase en vía penal, se impondría una pena al estafador condenado y de ordinario el contrato fruto de la estafa será nulo. 

Por el contrario, si lo pierde, en vía civil se seguirá adelante la ejecución hipotecaria contra su vivienda. Y en vía penal, el denunciado será declarado inocente y la operación será válida. 

-¿Cual es su porcentaje de casos ganados en este ámbito? 

En vía civil los casos de declaración de cláusulas abusivas son elevados, prácticamente todos los préstamos de capital privado que conocemos tenían cláusulas que han resultado nulas: en intereses de demora, en intereses remuneratorios, en tasaciones no profesionales realizadas a la baja, etc. 

En algunos casos –pocos aún, aunque la cifra es creciente- se llega a archivar por completo la propia ejecución hipotecaria. 

En penal nosotros aún no hemos llegado a juicio. Nuestra labor empezó hace dos años y los casos aún están en fase de instrucción. Al haberse firmado ante notario y, además, existir poco conocimiento judicial de esta realidad, la dificultad probatoria es inmensa. Pero vamos avanzando. 

-¿Las denuncias están aumentando o disminuyendo? 

Las denuncias por este tipo de prácticas crecen. El cierre del grifo del crédito bancario hizo que los prestamistas de capital privado fueran un recurso para muchas personas con dificultades económicas. Y, por tanto, eso hizo aumentar los abusos y los engaños. 

Las redes sociales y hecho de que los afectados se hayan asociado en la plataforma Stop Estafadores, ayudan a que haya mayor información, mayor apoyo y mayor conciencia. 

-¿Podrían hablarnos brevemente de algún caso concreto y anónimo de algún cliente victima de este tipo de estafas? 

- Podríamos hablar de centenares de casos con nombre propio, todos con un denominador común: personas con una situación económica apremiante, con dificultad o imposibilidad de acceso al crédito bancario y con un inmueble libre de cargas o con pequeñas cargas que es el objeto del deseo de los estafadores, que buscan apropiarse de él con un desembolso real irrisorio, un negocio redondo. 

En todos los casos se les engaña con distintas estratagemas para firmar sin ser conscientes un capital superior al que realmente reciben, con un plazo de devolución muy breve, con unos intereses de demora disparatados y con una tasación de su vivienda a la baja. 

Una psicóloga, Ana Isabel Gutiérrez Salegui, ha publicado un reciente estudio, muy interesante, para comprender los mecanismos de cómo se consigue este engaño.

-¿Podrían darnos el nombre de alguna red que se anuncie actualmente? 

La red a la que hemos detectado mayor volumen de operaciones presuntamente delictivas y de denuncias es la que encabeza el prestamista Antonio Arroyo Arroyo, con una nutrida red de intermediarios. 

Pero hay varios prestamistas que, siempre desde el absoluto respeto a su presunción de inocencia, sí podemos decir que tienen denuncias de afectados que les acusan de actuar de forma muy similar, como es el caso de las firmas Lumafuresa, Credit Garpi o Centro Financiero Micenas en Madrid, Angel Gómez Martínez y Francesc Josep García Alandete en la zona de Levante; Manuel Piedra Ortas en Andalucía; García Renduelles en la zona Noroeste de España… 

Nos hemos encontrado un caso en la Comunidad Valenciana, el de Juan Manuel Hita, que asegura ante notario ser un prestamista particular, no profesional, y resulta que en los últimos años ha tenido centenares de derechos inscritos sobre inmuebles. 

En Murcia, hay una red, la de Omarcux y Créditos Murcia, que tiene muchas denuncias por estafas y en la actualidad sigue ejecutando desahucios. En Cataluña, son también muchas las denuncias contra AFV Unión Hipotecaria... 

Son sólo algunos ejemplos, porque por desgracia hay muchos más.

En resumen, Carlos Javier Galán nos muestra como el shadow banking llegó hasta él por azar y como le ha absorbido debido al número de victimas que han ido proliferando en los últimos años, y que, desgraciadamente, lejos de disminuir, están aumentando. 

Con estas respuestas logramos arrojar luz sobre cómo se está tratando este tema en el plano jurídico en nuestro país, en el que la connotación negativa del shadow banking procede directamente de la falta de regulación de estas entidades no bancarias.
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